Opinión
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado dos “Jornadas” de acción sindical (13 y 14 de marzo), como suele ser norma y costumbre en vísperas de la Cumbre Europea. En esta ocasión, las jornadas han denunciado, una vez más, los efectos devastadores de la austeridad y de la disciplina fiscal exacerbada, que nos ha conducido a que 19 millones de trabajadores se encuentren desempleados en la zona euro y más de 26 millones en el conjunto de la Unión Europea (Eurostat). En las manifestaciones han destacado los problemas relacionados con los jóvenes: Alto índice de desempleo (5,702 millones, menores de 25 años, en la UE); contratos precarios; bajos salarios; escasa cualificación profesional; baja protección social; dificultad para conformar carreras profesionales completas, a efectos de sus futuras pensiones; además del difícil acceso a una vivienda en busca de su plena emancipación.
En este marco -y bajo el paraguas de la CES-, la Cumbre Social (encabezada por CCOO, UGT y USO, al frente de 140 organizaciones sociales) acaba de celebrar manifestaciones en 60 ciudades (el pasado 10 de marzo), donde se ha puesto de manifiesto el descontento y el creciente malestar de la ciudadanía por las políticas económicas y sociales que están acentuando la recesión económica (según la Comisión Europea, en el año 2013, la economía decrecerá el -1,4% y según la CEOE, el -1,5%), el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Efectivamente, 1,8 millones de hogares no tienen ningún ingreso y 1.977.826 desempleados carecen de cualquier tipo de protección social. Por su parte, el paro registrado en el mes de febrero en las oficinas públicas de empleo ha alcanzado la cifra récord en nuestro país de 5.040.222 desempleados, lo que representa un incremento de 59.444 sobre el pasado mes de enero y de 328.125 desempleados en cómputo anual, lo que significa un incremento del 6,96%.
La situación se agrava si contemplamos la pérdida de afiliación a la seguridad social. Según CCOO se han perdido 28.691 afiliados (-0,18%) respeto al mes de enero, lo que sitúa la cifra de cotizantes a la seguridad social en 16.150.747, una cifra similar a la que teníamos una década antes (2003). A estos datos hay que añadir la caída del consumo y la reducción de salarios, lo que está repercutiendo muy negativamente en la actividad económica y, como se está demostrando, mes a mes, en el empleo.
En estas lamentables circunstancias han sido consideradas como una auténtica provocación -además de ser rechazadas con contundencia- las recomendaciones del segundo informe de la Comisión Europea encargada de evaluar el rescate de nuestro sistema bancario: nuevo incremento del IVA, endurecer aún más la reforma laboral y abordar un nuevo ajuste a la baja de las pensiones, entre otras medidas. Y eso que el Gobierno dice que España no está intervenida…
El aumento del IVA significa penalizar a los más maltratados por la crisis al equiparar a través de este impuesto a los desempleados y perceptores de rentas salariales bajas con las grandes fortunas de nuestro país (Amancio Ortega, Alierta, Botín, González…); no debemos olvidar que es un impuesto indirecto y que con él pagan todos por igual a la hora de comprar una mercancía o un producto de consumo. Al margen de esto, también hay que considerar la incidencia negativa que tiene el IVA en el consumo interno, en la demanda, en la actividad económica y, consecuentemente, en el empleo.
En todo caso, el informe de la Comisión no analiza el verdadero problema que tenemos en nuestro país, que no es otro que situar la presión fiscal en la media de la UE (España está más de seis puntos por debajo). Ello requiere abordar una reforma fiscal en profundidad que resulta imprescindible para dotarnos de una fiscalidad más justa, equitativa y sostenible; una reforma que debería ser la principal propuesta de la oposición política para una salida progresista de la crisis. La reforma debe abordar la fiscalidad de los ricos (impuesto de patrimonio y grandes fortunas), el impuesto de sociedades, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto ecológico, las SICAV, así como revisar la eficacia de las desgravaciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social que tienen un buen número de empresas. A ello hay que añadir la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la evasión de capitales a los paraísos fiscales, verdaderos azotes para nuestra economía y causantes de la baja recaudación fiscal en nuestro país y, consiguientemente, del déficit público, la escasa inversión pública y, desde luego, el desmantelamiento de nuestros servicios públicos.
En relación con la reforma de la seguridad social debemos recordar que acaba de entrar en vigor, en el pasado mes de enero, el acuerdo entre el gobierno y los interlocutores sociales, que afectará negativamente a las futuras pensiones. A lo que hay que añadir la decisión unilateral del gobierno de no revisar las pensiones actuales, que está significando la pérdida del poder adquisitiva de los actuales pensionistas. En la actualidad, el gasto en pensiones- en porcentajes del PIB- está muy por debajo de la UE y la caída de los ingresos que se producen en la actualidad se debe exclusivamente al crecimiento del desempleo.
Por otra parte, la edad real de jubilación de los trabajadores en España se encuentra cercana a los 65 años (63,8 años), por lo tanto, entre las más altas de los países de la UE y, en cambio, la cuantía media de las pensiones está muy por debajo de la media europea. No estamos, por lo tanto, ante un problema de gasto excesivo del Sistema sino ante una carencia de ingresos derivado de la actual crisis económica, el deterioro del mercado de trabajo y las consecuencias negativas de la reforma laboral en el empleo.
A pesar de estas evidencias, la Comisión plantea nuevas medidas regresivas en relación con las pensiones, por lo que tenemos que estar atentos: Acelerar la entrada en vigor del adelanto de la jubilación a los 67 años; aumentar el periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral; adelantar la aplicación del “factor de sostenibilidad” (factor letal como medio para recortar automáticamente las futuras pensiones, al ligar la esperanza de vida a la edad de jubilación); y eliminar la revisión automática de las actuales pensiones en relación con el IPC.
Precisamente, esto se plantea para reducir el gasto, cuando lo que hay que hacer, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, es abordar el capítulo de ingresos del sistema: dar prioridad a las políticas de empleo sobre la corrección del déficit; combatir la economía sumergida; aumentar -o como mínimo mantener- las cotizaciones de los empresarios (no reducirlas como exige la CEOE) y, sobre todo, de los trabajadores; abrir un debate sobre los topes de las cotizaciones sociales; y, finalmente, si resultara necesario, financiar una parte del gasto en pensiones a través de impuestos.
Sin duda, la exigencia de la Comisión tiene un marcado carácter ideológico y está muy condicionada por el interés de los bancos en defender los fondos complementarios de pensiones privados, lo que nos encamina a un Estado de Beneficencia y repercutirá muy negativamente en la redistribución de la riqueza.
En cuanto a endurecer la reforma laboral, debemos comenzar recordando, una vez más, los destrozos que está causando: aumento del desempleo, de los expedientes de regulación del desempleo, de la contratación temporal, de las movilizaciones sociales, además de su influencia en el desplome de los salarios (mientras los excedentes brutos de explotación de las empresas continúan en tasas positivas), en los costos del despido y en la pérdida de los derechos de los trabajadores.
Particularmente llama la atención el deterioro de la negociación colectiva. Según UGT -con datos de 2012-, la reforma ha producido el bloqueo de más de 2.000 convenios que regulan las condiciones de trabajo de más cuatro millones de trabajadores (el 37% de los regulados por convenio), a pesar de estar en vigor el acuerdo de referencia para los convenios colectivos, firmado por los interlocutores sociales (II AENC, 2012-2014). Además, con la reforma, los convenios denunciados en la fecha de publicación de la ley (julio de 2012) y que no tengan convenio superior pueden decaer y, por lo tanto, los trabajadores pueden perder sus derechos, dependiendo, en este caso, del SMI y de la regulación básica en jornada, vacaciones y condiciones de trabajo. En este sentido, de 6.000 convenios, 1.800 han sido denunciados y, por lo tanto, peligran en el próximo mes de julio -afectando a 3,5 millones de trabajadores-, a partir de lo que determine el propio contenido de su convenio, lo que nos anuncia una creciente conflictividad social y el deterioro de las condiciones de trabajo, sobre todo en las microempresas.
Lo que llama profundamente la atención es que la Comisión se insista en nuevos sacrificios para los más desfavorecidos, cuando no están consiguiendo corregir el déficit y la deuda pública y están causando destrozos en la actividad económica y en el empleo y, en cambio, no se denuncie la actitud negativa de la banca en relación con la concesión de créditos a familias y empresas para impulsar la recuperación económica y el empleo. En todo caso, estas recomendaciones desmienten rotundamente que el rescate bancario no estaba sujeto a drásticas condiciones económicas y sociales. No es extraño que la opinión pública lamente la tibia reacción del gobierno ante semejantes medidas tomadas en un despacho y al margen de las consecuencias que ello tiene en términos económicos y sociales; sobre todo cuando los nuevos sacrificios (intolerables) que se pretenden imponer se producen como consecuencia de los excesos del sector financiero en la concesión de créditos –de marcado carácter especulativo- al sector inmobiliario y de la construcción, que ha supuesto socializar pérdidas, eliminar cajas de ahorro (obras sociales) y concentrar el poder de la banca en unas pocas manos.
La respuesta ante estos atropellos se está llevando a cabo, sobre todo, desde los sindicatos y desde los movimientos emergentes, al grito de “Hay alternativas” y “Sí se puede”. Por otra parte, las movilizaciones de hace unos días están dejando en evidencia la poca presencia de la oposición política en las mismas. A pesar de esta realidad, no debemos olvidar que los movimientos sociales emergentes carecen de una respuesta organizada y de personas capaces de ponerse al frente de esta novedosa experiencia. En todo caso, la opinión es unánime: en estos momentos, una plataforma electoral, capaz de recoger el sentimiento de los movimientos sociales emergentes conseguiría unos buenos resultados electorales, como ha ocurrido en Grecia e Italia. Estas son razones poderosas para que el principal partido político de la oposición tome buena nota de lo que está ocurriendo, supere sus dificultades internas, analice a fondo la realidad social, sea capaz de hacer autocrítica y, finalmente, acelere los cambios y el calendario de las “Conferencias” encaminadas a regenerar en profundidad el aparato partidario. Requisito imprescindible para superar la irrelevancia y recuperar la credibilidad perdida; precisamente, cuando el país se afana en la búsqueda de alternativas capaces de canalizar el creciente descontento social ¿El gobierno qué hace ante la mencionada protesta ciudadana? Por el momento, ni escucha, ni sabe, ni contesta.
Antón Saracibar, es un veterano sindicalista de la UGT, que fue presidente de su Fundación Largo Caballero
El PSOE necesita abrir un proceso constituyente que le saque del exilio interior en el que está instalado”. La frase es de Joan Romero, que fue secretario general del partido socialista valenciano en los años noventa. La expresión “exilio interior” explica de modo elocuente el estado de desorientación en que se encuentra el partido socialista, completamente desubicado en un país que hace poco más de un año todavía gobernaba.
Con el ambiente cargado por los desencuentros con los socialistas catalanes y gallegos, ha irrumpido el caso Ponferrada. Y se ha convertido en el icono del desconcierto socialista. Podría parecer un problema demasiado local para adquirir tanta relevancia, pero ha resultado ser una genuina expresión de la empanada mental en que viven los socialistas: sin proyecto, sin ideología, sin autoridad, con la sensibilidad tan obturada como para aliarse con los que lincharon a Nevenka, capaz de perder la dignidad por una mínima cuota de poder e incompetente en la selección de su personal político.
Samuel Folgueral, el alcalde expulsado del PSOE por haber pactado la alcaldía con un concejal condenado por acoso sexual, ha dicho que no tenía nada que reprocharse porque su actuación había sido completamente legal. Es la excusa que dan siempre los impostores: lo que es legal es moral. A Samuel Folgueral lo había seleccionado el PSOE como cabeza de cartel. Y el PSOE permitió que llegara a la alcaldía. Solo cuando el escándalo estalló en los medios se emprendió una vergonzante marcha atrás. Es grave el hecho en sí: haber dado reconocimiento a un acosador de una mujer que tuvo que irse de la ciudad por haberle denunciado. Pero es muy grave también que todo el proceso de la moción de censura transcurriera sin que nadie en el PSOE levantara la voz. Da la medida del estado catatónico en que esta el partido. Militantes y dirigentes parecen dormidos. El partido totalmente desconectado. Y es muy grave que nadie asuma responsabilidades después de un patinazo tan monumental. Oscar López, el número tres, ha cargado con el papel de chivo expiatorio, pero se escuda en el patético argumento de que no le han aceptado la dimisión. Nadie puede impedir que dimita una persona que realmente quiera hacerlo.
Un caso local se ha convertido en símbolo de una debacle general. Las señales de alarma son constantes: que el PP se hunda en todas las encuestas y el PSOE apenas remonte indica que la enfermedad es grave y que los ciudadanos no le ven como recambio de una derecha desprestigiada día a día. El PSOE ha dejado pasar el tiempo con la excusa de que el recuerdo de la catastrófica última etapa de gobierno está demasiado fresco en la ciudadanía. Pero el caso Ponferrada demuestra que el problema es estructural, no coyuntural: el organismo del PSOE carece de energía para reaccionar. Y, sin embargo, es urgente la recuperación del PSOE, porque el país no puede vivir sin alternativa a un PP arrogante y autoritario. Se necesita al PSOE para reequilibrar el sistema y por la urgencia de reformar el gripado régimen político de la transición. Por eso, es imperativo que dé el paso a su profunda renovación. Y, dado el estado del PSOE en cualquier lugar de España por el que se pase, no hay otra salida que un proceso realmente constituyente, que permita refundar de arriba abajo a una organización burocratizada, secuestrada por pequeños grupos de poder en cada uno de los niveles y que opera como una máquina de excluir.
Precisamente porque la situación de los socialistas es tan desesperada la refundación es posible. El sueño de los vasos comunicantes del bipartidismo, tú bajas, yo subo, está finiquitado. Para volver a subir hay que tener alma y el PSOE está en el último aliento. De modo que o vuelve a empezar o entra en vía secundaria. Esperemos que al intelectual orgánico anestesiado que es hoy el PSOE le quede por lo menos el instinto de supervivencia y prefiera refundarse antes que sucumbir definitivamente. Pero el cambio no se puede demorar más, si se quiere que la reconstrucción de la izquierda se haga desde el que fue el partido socialdemócrata genuino de este país. De lo contrario, otros ocuparán su espacio. El desafío es reinventarse. Para ello es necesario abrir puertas y ventanas. Renovar a fondo el personal, dar oportunidad a la política sin miedo, arbitrando procedimientos abiertos a la ciudadanía, y construir un discurso alternativo para volver a conectar con la sociedad. Es una tarea ingente, pero mucho peor es seguir instalado en el exilio interior, es decir, en la irrelevancia creciente.
RAMONEDA EN EL DIARIO EL PAIS
No habrá nadie que ose asegurar que la amistad verdadera acabe con la muerte. Con el amigo desaparecido se seguirá contando mientras haya memoria, que es esa vida que fluye entre el tiempo de la emoción y el de la acción. Seguirán entonces los diálogos silenciosos con el amigo ultramundano, muy parecidos a las conversaciones que solía tener Quevedo con sus difuntos, al tiempo que escuchaba con sus ojos a los muertos, como decía el verso.
Al amigo se le pedirá consejo, o se le hablará con entusiasmo de un hallazgo discográfico, de un concierto estimable, de una actuación detestable, de una joya libresca o, simplemente, de la vida. Ya no importará la crisis —no a él, al menos—, ni el azote del desgobierno provocado por las estirpes extractivas que esquilman los recursos humanos y materiales de cualquier país en épocas de injuria: deshonran con sus actos el legado y la memoria de los griegos, y también la de nuestros padres y antepasados.
Si se piensa así, la pérdida del interlocutor amigo no es tal, aunque sí se desvanece parte de su presencia, los gestos que llenaban antaño los momentos compartidos. Habrá un eco de voz familiar que fluirá entrecortada, y es falacia pensar que no cueste esfuerzo pararse a escucharla. Por eso hay que ser persistente, obstinado incluso, para no desfallecer ante la energía requerida. Cuando llega la voz, llega a su vez algo todavía más grande, el ejemplo marcado con una existencia en la que la dignidad encontró refugio. Si el amigo se salto una comida, o renunció a las comodidades de una cama a fin de satisfacer una ilusión —ahorrar para comprar más discos, para saber más, para crecer en alma y disfrute—, eso digo, deberá ser recordado. Porque todavía quedan sacrificios con sentido. Los citados fueron unos cuantos entre otros muchos. Confesiones reveladas entre copas nobles, o durante un paseo vespertino a camino entre dos conciertos, al amparo de las músicas que han ido poblando con los años nuestras andanzas de fanáticos ilusionados, a la caza del instante perfecto. Y se dieron unos cuantos, no quepa duda.
Por todo ello, ahora no me resisto a recordarle al amigo las palabras admonitorias de Thomas Jefferson dirigidas a su amigo George Wythe en una carta con fecha del 13 de agosto de 1786: «Creo que la ley más importante con diferencia de todo nuestro código es la de la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro fundamento seguro para conservar la libertad y la felicidad. […] Aboga, mi estimado compañero, por una cruzada contra la ignorancia; establece y mejora la ley de educar a la gente común. Informa a nuestros compatriotas […] de que el impuesto que se pague con el propósito [de educar] no es más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, sacerdotes y nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia». Jefferson, racista empedernido, también previno en sus discursos contra la lacra de las oligarquías financieras.
Por eso, al amigo con el que sigo conversando, le hablo de una inscripción que se halla en una de las múltiples chimeneas que decoran mi ciudad, hoy símbolos de un pasado tan próspero como gris: «Las cualidades de un buen banquero son el seny, la prudencia, la ética y el rigor». Son palabras de Joan Oliu i Pich, quien fuera Director General del Banc de Sabadell entre 1976-1990. No por sus palabras, y sí por sus actos (habría que analizarlos con lupa, desde luego), al banquero se le concedió la Medalla de la ciudad al mérito económico y social. Los dos amigos reirían porque no queda otra, pero también dirían que hoy ya nadie podría creer en esas palabras. Siguen ahí, sin embargo, en una construcción cilíndrica de 28 metros que mira al cielo. El fotógrafo Robert Adams se preguntaba ¿en qué podemos creer y dónde? Podemos creer que la muerte no tendrá señorío, para acabar con otro poeta; y el dónde: aquí mismo. Luego te llamo, amigo. Y ya puestos, saluda a Mingus de mi parte.
Enrique Turpin
El pasado 5 de febrero, se cumplían 12 años de la fundación de la RED RENTA BASICA Nacida como punto de encuentro de personas interesadas en el estudio de la propuesta y en la articulación de caminos compartidos para su avance social y político, en estos doce años la RRB ha celebrado doce simposios en distintas ciudades del Reino de España; ha sido reconocida como sección oficial de la Basic Income Earth Network (BIEN), cuyo décimo congreso, el de 2004, auspició en Barcelona; ha fomentado el intercambio científico y ha ayudado a dar inicio a proyectos vinculados a la investigación como la revista internacional Basic Income Studies; ha mantenido canales de comunicación abiertos con otras organizaciones y grupos interesados en el debate entorno a la renta básica –pensemos, por poner sólo un par de ejemplos, en el camino recorrido conjuntamente con ATTAC o con compañeros y compañeras de la Universidad Nómada–; y ha tratado de mostrarse activa y visible cada vez que partidos, sindicatos, movimientos sociales y plataformas de diversa índole han participado en el análisis de (y en la lucha por) la renta básica o alguna medida relacionada.
Sin ir más lejos, la RRB está dando apoyo explícito a la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía que actualmente se está lanzando en Cataluña. Cierto es que existen importantes diferencias entre la renta básica y dicha renta garantizada de ciudadanía. En efecto, la primera es plenamente universal e incondicional, y, por ende, de carácter preventivo: más que reparar situaciones de privación, aspira a otorgar “de entrada” herramientas importantes para una existencia efectivamente libre. La segunda, en cambio, adquiere un carácter abiertamente paliativo, pues es percibida sólo en caso de que la persona haya caído en situación de pobreza y pueda demostrarlo ante las autoridades competentes. Aun a sabiendas de los problemas técnicos y sociales que las condicionalidades propias de tal renta garantizada implican, la RRB se muestra favorable a dicha ILP: primero, porque sabe que se trata de una propuesta que supone una clara mejora con respecto a las míseras y excluyentes Rentas Mínimas de Inserción actualmente existentes en las Comunidades Autónomas del Reino de España –la cuantía percibida sería más alta y desaparecería la obligación de realizar actividades supuestamente de inserción sociolaboral–; y segundo, porque entiende que la lucha por la renta garantizada de ciudadanía, de evidente sentido en las actuales circunstancias, puede entenderse como un paso más hacia el logro de una renta básica plenamente universal e incondicional (1).
Pero volvamos a la historia de la presencia pública de la RRB a lo largo de sus doce años de existencia. Si algo puede sintetizar el camino recorrido hasta la fecha, es el viaje de ida y vuelta entre el ámbito de los movimientos sociales y el de las instituciones políticas que la renta básica ha vivido (2). En efecto, la RRB surge en un momento en el que, pese a que el debate social sobre la propuesta dista de ser masivo, ciertos partidos y sectores de partidos de izquierdas se interesan por ella, la estudian y, finalmente, la llevan a sede parlamentaria. En cambio, nos encontramos hoy en un momento en el que los ecos de la discusión institucional sobre la renta básica van languideciendo hasta prácticamente extinguirse, mientras que la reivindicación que de ella hacen movimientos sociales de nueva (y de no tan nueva) planta la están dotando de una vitalidad apenas imaginada hace pocos años. Cabe preguntarse si la adopción de la renta básica por parte de organizaciones como Bildu, Anova o Equo anuncia la reincorporación de la propuesta en las estrategias políticas y programáticas de la pluralidad de las izquierdas con representación institucional en el Reino de España, esta vez quizás con apoyos menos volátiles o marginales y socialmente mejor cimentados (3).
Diagnósticos compartidos, acciones comunes: renta básica y democratización de la vida social
Acaba de ser dicho y es bien sabido: vivimos tiempos de grandes movilizaciones (4). Tanto en el Reino de España como en el resto de la Unión Europea y, también, en muchas otras partes del planeta, se levantan voces y se articulan movimientos sociales y políticos en contra de la pérdida de libertad efectiva y de capacidad de autoorganización social –o, lo que es lo mismo, ante el deterioro de la democracia– que supone la extensión del neoliberalismo y de la cultura que le es anexa. Movimientos y organizaciones de muy diversa índole coinciden en señalar que es preciso construir mecanismos capaces de frenar la dinámica desposeedora, tan nueva y, sin embargo, tan vieja, del capitalismo contrarreformado en el que estamos viviendo.
En este contexto, la propuesta de la renta básica emerge con fuerza, no como panacea para la curación de todos los males sociales y civilizatorios –sólo una mente delirante podría presentarla de tal modo-, pero sí como política pública que, por su naturaleza universal e incondicional, se muestra capaz de contribuir a garantizar la existencia material de la gran mayoría actualmente desposeída, para que ésta pueda, del modo que sea –o de modos bien diversos–, cuestionar el status quo y construir un mundo verdaderamente propio. En efecto, dada su naturaleza universal e incondicional, la renta básica puede contribuir a articular esquemas de política pública que no se limiten a asistir ex-post a quienes salen perdiendo en nuestra interacción cotidiana con un status quo inevitable, sino que empoderen ex-ante otorgando incondicionalmente la garantía del derecho a la existencia y el poder de negociación que ésta lleva asociado, y que, haciéndolo, permitan disputar y transformar ese status quo, y dibujar así un mundo más libre de privilegios y de relaciones de dominación. Pues cuando tenemos garantizada una existencia en condiciones de dignidad, nos hallamos en condiciones de co-determinar con verdadero poder de negociación la naturaleza que queremos otorgar al mundo del trabajo y a la esfera de la (re)producción –definidos el uno y la otra en el sentido más amplio de ambos términos–; nos hallamos en condiciones, en suma, de democratizar el conjunto de nuestras relaciones económicas y sociales.
En esta dirección, conviene destacar que, por mucho que desvincule “renta” de “empleo” –esto es, del tipo de trabajo actualmente remunerado por el mercado–, la renta básica en ningún caso se opone a la idea, bien propia de las tradiciones emancipatorias que hemos conocido, de que el trabajo puede constituir un elemento decisivo para el despliegue de nuestras identidades, para un proceso de socialización harmónico y libre. En efecto, deshaciendo vínculos de dependencia material, la renta básica puede actuar como palanca de activación de la actividad humana, remunerada o no, que quisiéramos llevar a cabo pero que en la actualidad queda obstaculizada –si no definitivamente sepultada– por el capitalismo, en el que, por hallarnos desposeídos, nos vemos obligados a aceptar sistemáticamente trabajo externamente dispuesto.
De ahí la necesidad de entender la renta básica como parte de paquetes de medidas que incluyan, siempre en clave universal e incondicional, prestaciones en especie como una sanidad y una educación públicas y de calidad, una vivienda en condiciones dignas, políticas de cuidados y atención a las personas y la garantía del acceso a (y del control colectivo de) los recursos básicos –el agua y la luz, sin ir más lejos– para el buen funcionamiento de personas y comunidades enteras. Dichos paquetes de medidas, centrales por ejemplo en las reivindicaciones del 15-M durante el periodo de movilizaciones de mayo de 2012, constituyen verdaderas “Cartas de bienes comunes” –o “Planes de Rescate Ciudadano”– que es preciso articular como forma de dotar de coherencia y continuidad a las propuestas y programas de lucha que tenemos abiertos, a menudo de un modo demasiado deslavazado, y de los que depende la posibilidad de que la gran mayoría logre reapropiarse de recursos y espacios que deberían ser de todos y todas. Huelga decir que es cuando se halla en consonancia con estos objetivos cuando la propuesta de la renta básica adquiere su mejor sentido y ofrece sus mayores potencialidades.
Así parece que lo han visto y lo están viendo muchos de los colectivos que se acercan a la propuesta de la renta básica como elemento fundamental para una lucha orientada a construir un nuevo consenso social en el que la garantía de la existencia sea vista como un derecho constitutivo de ciudadanía; un nuevo consenso social que persiga la garantía de la seguridad e independencia socioeconómicas –y del poder de negociación derivado de ellas– para el conjunto de la población trabajadora, sin exclusiones: población asalariada fija, población precaria e intermitentemente remunerada, población desempleada y en riesgo de exclusión, población que desempeña actividades no remuneradas por los mercados de trabajo actuales, etc.; un nuevo consenso social que vea en esa seguridad e independencia socioeconómicas –y en el poder de negociación derivado de ellas– no una vía libre hacia la atomización de las relaciones sociales, sino una condición de posibilidad para la emergencia de toda una interdependencia verdaderamente libre y autónoma, esto es, verdaderamente nuestra (5).
Notas:
(1) Para un análisis comparativo de ambas propuestas, véase D. Raventós y S. Raventós, “La Renta Garantizada de Ciudadanía y la Renta Básica”, Sin Permiso, 6-1-2013.
(2) Véase D. Raventós, J. Wark y D. Casassas (2012), “Kingdom of Spain: Basic Income from Social Movements to Parliament and Back Again”, en R.K. Caputo (ed.), Basic Income Guarantee and Politics: International Experiences and Perspectives on the Viability of Income Guarantee, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Véase también D. Raventós “La Renta Básica se aleja de los parlamentos y se acerca a los movimientos sociales”, Sin Permiso, 3-7-2011.
(3) Para una reflexión acerca de coyunturas políticas favorecedoras del avance de la propuesta de la renta básica, véase D. Casassas y J. De Wispelaere (2011), “Renta básica y emancipación social: principios, diseños y coaliciones”, en D. Casassas y D. Raventós (eds.), La renta básica en la era de las grandes desigualdades, Barcelona: Montesinos.
(4) Partes del texto de este epígrafe han sido tomadas de la “Introducción” a D. Casassas y D. Raventós (eds.) (2011), La renta básica en la era de las grandes desigualdades, Barcelona: Montesinos.
(5) Sin Permiso editó a mediados de enero un libro electrónico en el que se recopilan algunos artículos sobre la renta básica que la revista ha publicado durante los últimos 6 años: una buena forma también de celebrar el decimosegundo aniversario de la fundación de la RRB. El libro puede descargarse gratuitamente en http://ppccs.org/RBUSP.pdf.
David Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.
ANGELES CASO
Nunca he creído aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero a menudo ciertas cosas me hacen dudar de mi convicción. Me pasa eso, por ejemplo, cada vez que pienso que los dos entierros más multitudinarios que se recuerdan de personajes del siglo XIX son los de un escritor y un compositor: Victor Hugo y Giuseppe Verdi, dos gigantes del arte y de la vida. A Hugo, más de un millón de personas lo acompañaron por las calles de París camino del Panteón en mayo de 1885. A Verdi, fue casi medio millón el que lo despidió en Milán en enero de 1901.
No veo yo que las cosas vayan ahora por ahí, la verdad. Si no me equivoco, las dos últimas grandes despedidas de nuestro tiempo fueron la de la princesa Diana y la de Michael Jackson, que ni de lejos pueden compararse a mis dos extraordinarios decimonónicos. Es como si, a pesar de la extensión de la educación y de la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, que habrían debido contribuir a hacernos más sensibles al pensamiento y a la belleza, nuestras sociedades fuesen por el contrario banalizándose.
Detengo aquí esta reflexión pesimista y que tal vez me llevaría demasiado lejos, y dedico un ratito a recordar que en este 2013 se cumplen los doscientos años del nacimiento de Verdi y de Wagner (cuyo entierro en Bayreuth en 1883, por cierto, tampoco estuvo nada mal). Dos genios que fueron rivales en vida y que lo han seguido siendo en la posteridad: en el mundo de los aficionados a la ópera, la gente es wagneriana o verdiana, y rara vez cabe la posibilidad de admirarlos a los dos al tiempo. Los partidarios de Wagner suelen despreciar a Verdi por populachero y facilón. Los de Verdi suelen quedarse dormidos en los larguísimos y sofisticados dramas de Wagner.
Yo tengo la suerte de gozar de un gusto amplio y más bien ecléctico, en el que los dos compositores caben a la vez. Wagner consigue a veces trasladarme al cielo, pero Verdi me mantiene en cambio aferrada a la vida. A Wagner lo admiro, a Verdi lo quiero. De haberlos conocido, estoy segura de que a Wagner le habría estrechado la mano con cierto recelo. A Don Giuseppe, en cambio, le habría pegado un buen abrazo. De Wagner amo la música, es cierto, pero desprecio sus ideas mezquinamente nacionalistas, su prehitleriano culto al héroe, sus dobleces, su antisemitismo. A Verdi lo adoro por la mucha felicidad que sus obras me han regalado, pero también lo respeto por su forma de vivir, por su carácter autodidacta, por su compromiso político y social, por su lucha a favor del derecho de propiedad intelectual y de los derechos de autor, por su integridad de viejo campesino.
Permítanme que me ría un poco de mí misma: empecé el párrafo anterior haciendo una presuntuosa afirmación de ecuanimidad, pero lo he terminado dejándome llevar por la pasión. Por si no había quedado del todo claro, lo confieso abiertamente: Verdi es mi favorito. Lo es, además, por encima de cualquier otro compositor de ópera, para qué voy a negarlo. Y siempre que quiero rendirle homenaje, recuerdo que la mejor de sus óperas, la más innovadora y jovial, es la última, ese extraordinario Falstaff que escribió ¡a los ochenta años! Y entonces pienso que yo, de mayor, quiero ser como él. En fin, vivan Verdi y Wagner, o Wagner y Verdi. Y feliz 2013 a los aficionados
