Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós
La Huelga General del pasado 29 de septiembre ha sido la séptima desde que fueron recuperadas las libertades políticas básicas en nuestro país. Todas las anteriores lograron modificar de manera más o menos drástica las políticas gubernamentales hostiles a los derechos sociales que las habían motivado. Y todas, incluida la espectacular huelga general contra el gobierno de Felipe González de diciembre de 1988, fueron en su día o minimizadas o ninguneadas como un fracaso o como un semifracaso por los grandes medios de comunicación y por los todólogos y tertulianos de turno.
La VII Huelga General ha sido un éxito. Por lo pronto, en un ambiente de indecible mendacidad y hostildad –rayana en el linchamiento mediático de los sindicatos— lo cierto es que la Huelga General ha logrado abrir por vez primera un espacio de deliberación pública a gran escala sobre la aguda crisis económica y social que azota al país desde hace tres años. Mal que bien, y con todas las sordinas que se quiera, los de abajo –incluidos los que, viéndola venir con los ojos de la precariedad amedrentada, recelaban de la Huelga— han debatido entre sí en el puesto de trabajo, en la calle y en los barrios. Y han conseguido hacer oír su voz a todos. Y esa voz ha sonado menos chabacana, menos tópica, más genuina y por supuesto mucho menos superficial y mucho más interesante y enriquecedora que la de los tenores huecos que, excelentemente retribuidos, suelen hablar de todo por boca de ganso en los grandes medios de comunicación.
La Huelga ha conseguido parar la producción industrial, limitar de manera significativa el transporte y hacerse presente en los servicios. Su efecto en el sector privado ha sido muy superior al del sector público, lo que es una diferencia a subrayar en relación con países como Francia o Grecia. Las manifestaciones que cerraron la jornada de lucha sindical fueron masivas y combativas, especialmente en Madrid y Barcelona, con la participación de cerca de dos millones de personas.
Este resultado está, por lo tanto, lejos del fracaso augurado y, sobre todo, esperado por la derecha política, las patronales y la inmensa mayoría de los medios de comunicación. También del semifracaso más o menos maquillable que seguramente deseaba el gobierno de Zapatero. El PP, por su parte, se ha limitado a augurar, primero, y a confirmar, después, que tanto el gobierno Zapatero como los sindicatos han fracasado, y que ambos son coresponsables de la crisis. Mención especial merece el grupo Prisa, editor de El País, que se ha sumado a la primera parte de este ideologema tras encargar para este fin una encuesta a Metroscopia [1]. Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 2
Los objetivos de la huelga general
Con un planteamiento tácticamente correcto, CC OO y UGT habían situado el objetivo de la huelga en una rectificación por parte del gobierno Zapatero de la congelación de las pensiones y de la contrarreforma del mercado laboral. No se trataba de emplazar a los trabajadores y trabajadoras votantes socialistas a romper con el gobierno, sino de presionarlo unitariamente desde la izquierda y hacer la experiencia conjunta de sus limitaciones como proyecto político progresista, abriendo el horizonte de una resistencia a medio y largo plazo.
Detrás de la decisión de CC OO y UGT de convocar la Huelga General –calificada por Toxo como ―una gran putada‖—, está el convencimiento de ambas direcciones sindicales de que el margen de maniobra para el diálogo social con el gobierno Zapatero se ha agotado. Pero movilizar contra ese gobierno a la que hasta ahora ha sido parte sustancial de la base del mismo, poner coto a la resignación social y evitar la capitulación de la democracia, exige recuperar una disposición combativa cuando menos enervada, y prepararse para un largo período de experiencias parciales colectivas de resistencia, experiencias en las que inevitablemente no sólo tendrán que plantearse políticas alternativas concretas y tangibles, sino que habrá que acumular las fuerzas sociales necesarias y construir políticamente las instituciones organizativas capaces de representarlas. En definitiva, supone iniciar la reconstrucción de la izquierda tras el desmoronamiento del ―zapaterismo‖ como proyecto político progresista.
Lo cierto es que: en un ambiente mediático extremadamente hostil, envenenado a conciencia por un odio político tan irracional como mendaz, tendente a presentar a los sindicatos como los verdaderos culpables de la crisis económica (y de su consecuencia más lacerante, un desempleo que ronda el 20%); faltos los sindicatos mayoritarios de entrenamiento combativo, tras años de ilusorio ―malmenorismo‖ y disposición ―responsable‖ ante un voraz capitalismo de logreros, amiguetes políticos y rentistas irresponsables; con una población trabajadora amedrentada por el paro, la precariedad laboral y las deudas; con una imagen pública estragada ante sus propias bases por el vínculo generalmente percibido por éstas entre las direcciones sindicales y los erráticos e incompetentes bandazos de la política económica del gobierno Zapatero; con todo y con eso, e independientemente de la valoración que pueda hacerse de su desigual impacto en distintos sectores, la Huelga General ha dejado claras al menos cuatro cosas:
1.- Los sindicatos mayoritarios todavía conservan capilaridad social y una gran capacidad de organización y movilización.
2.- Hoy por hoy, constituyen el núcleo de la izquierda socio-política realmente existente en el Reino de España; sabedor de eso, el PP y la derecha política y mediática ha preferido lanzarse a tumba abierta a su linchamiento, antes que aprovechar la circunstancia de la Huelga General para librarse a una táctica convenienciera de desgaste definitivo del gobierno Zapatero. El PP cuenta con ganar las próximas elecciones generales y una de las primeras tareas estratégicas sería poner en práctica la gran reivindicación de la patronal: el desmantelamiento de lo que queda del llamado estado de bienestar y el renovado ataque a los derechos de la clase trabajadora. Las derechas española, vasca y catalana solamente tendrían un enemigo resistente a estos planes, los sindicatos.
3- Poseen casi en exclusiva el potencial organizado para la imprescindible coordinación internacional de la resistencia organizada a los planes de austeridad y ajuste neoliberal, expresión del ataque sin precedentes lanzado por una pequeña aristocracia financiera mundial (eufemísticamente llamada ―mercados‖) y sus cómplices políticos, mediáticos y académicos contra la soberanía democrática de los pueblos.
4.- Las fuerzas sindicales, es decir, el núcleo de la izquierda socio-política realmente existente en el Reino de España, carece ahora prácticamente de representación política parlamentaria. Sólo una ínfima minoría de diputados en las Cortes españolas (los de IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai: mucho más de un 15 % del sufragio popular, pero mucho menos Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 3
de un 5% de los escaños parlamentarios) se han opuesto a las medidas de austeridad y contrarreforma social del Gobierno y han apoyado más o menos resueltamente la posición sindical (y la Huelga). Los diputados del PSOE, el 60% de los cuales están sindicalmente afiliados a la UGT, votaron en bloque conforme al último capricho de los ―mercados‖, no según la posición de su sindicato, ni de acuerdo con el programa por el que habían sido elegidos en su día como candidatos del PSOE (―defensa de los derechos sociales‖). (Sólo hubo una excepción: la del antiguo secretario general de CC.OO Antonio Gutiérrez, que se abstuvo.)
Dificultades y logros de la convocatoria
Así pues, la huelga general del 29 de septiembre –precedida de la que había tenido lugar en Euskadi el pasado 29 de junio, convocada por los sindicatos abertzales y apoyada por CC OO— no puede entenderse sino como el primer episodio del nuevo ciclo de conflicto social abierto por el giro económico de austeridad neoliberal del gobierno del Reino el 9 de mayo. Un ciclo que dependía para arrancar del éxito de la huelga general del 29 de septiembre, con el que la clase obrera recobraba su autonomía social frente al gobierno Zapatero. Se puede augurar que será largo y tenso, con avances y retrocesos, y que se proyectará más allá de las elecciones legislativas de 2012.
La convocatoria de huelga general venia precedida de seis meses de conflictos sectoriales, especialmente en el transporte, de resistencias a las reducciones de plantilla industriales, y de movilizaciones contra los recortes presupuestarios en la sanidad y la educación, competencias transferidas a las Autonomías y gestionadas de manera privada a través de la concertación. La mayoría de estos conflictos, y de manera muy destacada la huelga de las administraciones públicas centrales el 8 de junio, se habían saldado con movilizaciones débiles y derrotas. Las direcciones de CCOO y UGT eran conscientes de la inercia enervante de una cultura sindical de más de siete años de diálogo social y negociación de convenios-marco sectoriales acompañados de una muy escasa movilización. También tenían muy presente la presión desmovilizadora ejercida por un hinchado volumen de más de cuatro millones de parados, uno de cada cinco trabajadores. Pero a pesar de todas las vacilaciones y del pánico a las consecuencias de un fracaso en el terreno esencial de la representatividad sindical y de la negociación colectiva, la decisión de convocar la unahuelga general ha supuesto cruzar un rubicón de difícil marcha atrás, un paso que habría resultado poco menos que imposible sin la unidad sindical forjada previamente.
La unidad sindical ha sido también fundamental para el éxito de una Huelga General convocada por CC OO y UGT, pero a la que se han sumado también, contribuyendo de manera importante en algunos sectores o territorios, CGT, CIG, ESK, SAT-SOC y otras organizaciones sindicales menos representativas. La unidad del frente trabajador organizado se ha materializado ante todo en los piquetes y en las manifestaciones, y sería deseable que tuviera también su reflejo en el nivel de las direcciones sindicales. Pero en la Comunidad Autónoma Vasca, la decisión de no secundar el paro de ELA y LAB, con argumentos difícilmente aceptables, ha supuesto un duro golpe a la unidad de acción sindical en el conjunto del país y ha limitado en Euskadi el alcance de la huelga, enfrentando entre sí a los trabajadores en un momento decisivo [2].
El gobierno Zapatero intentó, desde el anuncio de la huelga general en junio, dividir a sus convocantes, condenarla al fracaso antes de que tuviera lugar asegurando que no rectificaría su política de ajuste y endureciendo la contrarreforma laboral en el trámite parlamentario. En las semanas precedentes, tras el parón del verano, intento una ―salida pactada‖ del enfrentamiento con los sindicatos. Por un lado, sacando partido de la inseguridad y el temor ante el reto que verosímilmente sentían las direcciones sindicales, negoció unos servicios mínimos que suponían a la vez evitar la paralización del país, limitar el enfrentamiento con los piquetes, y transferir una parte de la responsabilidad política de lo que ocurriese a los gobiernos autonómicos del PP, los cuales decretaron sin negociación unos servicios que de mínimos no tenían sino el nombre, sobre todo en Madrid. Por otro lado, aun reiterando la inutilidad de la huelga en lo tocante a los objetivos declarados de la misma, el gobienro Zapatero ofreció abrir el ―diálogo‖ sobre pensiones, negociación colectiva y políticas de Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 4
empleo, en una burda táctica de palo y zanahoria inmediatamente rechazada por Méndez y Toxo. (Dentro de esta estrategia de descalificación de la huelga hay que señalar la actitud de la Generalitat catalana en relación con los ocupantes del Banco Banesto en la Plaza de Cataluña de Barcelona –que acabó en los enfrentamientos más duros de la jornada—, además de la intimidación a un piquete con siete disparos al aire ante las instalaciones de EADS-CASA en Getafe, Madrid.)
El suicidio político de Zapatero y sus consecuencias económicas
Ante la advertencia de CC OO y UGT de que Zapatero se está suicidando políticamente, arrastrando consigo al PSOE y la izquierda institucional en general, diríase que éste se ha limitado a aceptar su autoinmolación con la fe de un converso: “Sería poco responsable si no estuviese atento a los mercados porque, a pesar de que juegan a la lógica del beneficio, son los que financian nuestros gastos en políticas de escuelas o carreteras; por tanto, necesitamos una carta de presentación de nuestras cuentas (…) No voy a abdicar de mi responsabilidad cuando tengo perfectamente claro lo que necesita el país, decisiones duras. Pero de aquí a cinco años se verá que hicimos lo que teníamos que hacer” (El País, 2-10-2010). Esa ―atención a los mercados‖ le esta costando al PSOE una caída libre en expectativa de voto, mayor aún que la experimentada por Aznar a cuenta de su aventura bélica en Irak. Tras el debate del estado de la nación en julio y antes de la huelga general, la diferencia con la intención de voto al PP era de 8,6 puntos. Ahora se sitúa en 14,5 puntos, con una caída en un solo mes de 4,5 puntos porcentuales, lo que situaría al PSOE en una expectativa de voto del 28, 5% cuando obtuvo en las elecciones de marzo del 2008 el 43,87% de votos (El País, 3-10-2010)
Es seguramente verdad lo que dijo Toxo, el secretario general de CCOO, quien, preguntado en vísperas de la huelga por el posible suicidio sindical en caso de fracasar ésta, respondió que quien ya se había suicidado al alienarse de esa forma al núcleo de su base social era el gobierno de Zapatero. Pero alienarse las propias bases no será el único precio a pagar por el inopinado giro de 180 grados experimentado por la política social y económica del gobierno español tras las presiones recibidas en la reunión del Ecofin del pasado 9 de mayo. La verdad es que esa política es catastrófica se mire como se mire.
* Si se mira desde el punto de vista puramente macroeconómico, es una política procíclica y depresora de la demanda efectiva, política que, lejos de corregirlos o aun mitigarlos, agravará los principales problemas económicos del país: se seguirá destruyendo empleo, seguirán cerrando empresas, no mejorará la situación crediticia de las familias y las pequeñas empresas, y para colmo, empeorarán los problemas de déficit público al disminuir una recaudación fiscal que no mejorará en lo más mínimo con el ridículo aumento del IRPF a los ingresos (asalariados) más altos [3]… * Desde un
punto de vista puramente contable, al buscarse enjugar a toda costa el déficit público (sin una apreciable mejora de la capacidad exportadora de la economía española) quedará prácticamente intacto, o aun se agravará, el principal problema económico y social del país, que es el del enorme volumen de la deuda privada de las familias y las empresas españolas (2,2 billones de euros, más del doble del PIB). Por razones de elemental lógica contable, cualquier política tendente a reducir el déficit público (si no va respaldada por un vigoroso crecimiento de la capacidad exportadora, cosa que es prácticamente imposible en una Europa a la que se ha impuesto simultáneamente la austeridad fiscal y la depresión procíclica de la demanda efectiva) se atravesará en el camino del imprescindible desapalancamiento de la economía (es decir, de la reducción del endeudamiento privado), empujándola más y más a la trampa de la deflación por sobreendeudamiento.
* Si se mira desde el punto de los costes laborales, los cuales –eso se arguye— restan competitividad a la economía española e impiden el desapalancamiento de la misma por la vía de la mejora de su balanza exterior, el desacierto de la política económica del gobierno, plegado ahora de la forma más torpe e ignara concebible a los dogmas del neoliberalismo, Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 5
resulta patente: los costes laborales no se rebajan seriamente con una contrarreforma del mercado de trabajo reducida en esencia a abaratar el despido o aun a presionar todavía más a la baja los salarios debilitando la negociación colectiva. Pues el principal ingrediente de los costes laborales en nuestro país es el artificial aumento del coste general de la vida dimanante, o bien del comparativamente bajo gasto social del Reino de España (en donde, por ejemplo, el peso de la enseñanza privada, frente a la pública, se acerca al 35%, contra menos de un 15% en Francia, Alemania o Bélgica); o bien de la increíble inflación de activos propiciada políticamente en las últimas décadas por las políticas de gobiernos del PP y del PSOE (comenzando por la Ley Boyer). Esas políticas de ―capitalismo popular‖ e ilusoria prosperidad generaron una enorme burbuja inmobiliaria que atrapó en la deuda al grueso de la población trabajadora: una familia media hipotecada destina hoy cerca de un 50% de su salario al servicio de la deuda (¡el gasto de las familias españolas en vivienda se dobló entre 2000 y 2007!). Ese aumento innecesario e improductivo del coste de la vivienda, que ha ido de la mano de los peores fenómenos de corrupción política y destrucción del medio ambiente y que no tiene ejemplo en otros países de nuestro entorno europeo, no es, al final, sino una fuente de renta económica directa y vampirescamente extraída de la población trabajadora y de los sectores productivos de la economía española por los sectores inmobiliario y financiero, nacional y extranjero. Una renta, encima, y dicho sea de pasada, desgravada fiscalmente.
Los presupuestos del 2011, presentados por la ministra de economía Elena Salgado como ―un presupuesto de izquierda que se puede defender perfectamente‖, es un compendio de todo lo anterior. Tendremos tiempo en próximas entregas de analizarlo en detalle. Por el momento, baste señalar que entre sus cálculos de lechera milagrera se incluye el que la reforma del mercado laboral tendrá un impacto al alza del PIB (mágico, o por efecto de los despidos) de entre 2,9 y 4 puntos por mejora de la productividad; que la tasa de paro se mantendrá en el 19,8%; que la revisión al alza de las pensiones mínimas en un 1% tendrá lugar con una inflación del 1,3%; que 1,6 millones de trabajadores en paro carecerán de subsidio de desempleo; que la partida para la dependencia disminuirá en un 5,2%; que la inversión en infraestructuras caerá un 40%; que la emisión de deuda se reducirá un 35%, aunque el gasto financiero por pago de la misma crezca en un 18%. En fin, que los ingresos fiscales solo aumentarán en un 5,7%, porque se abandona cualquier esfuerzo de reforma fiscal progresista en relación con las SICAV, con los impuestos sobre las rentas de capital, sobre los beneficios empresariales o sobre las transacciones especulativas. La avilantada desfachatez de este proyecto de ―izquierdas‖ llega al extremo de asegurar que, con estas cifras, el 58% del presupuesto se destina al gasto social. En realidad, sin ninguna corrección cuantificable desde hace siete años, el gasto social del Reino de España se sitúa en el 41,1% del PIB, cuando la media europea es del 46,8%, lo que nos coloca en el puesto numero 20 de los 27 estados miembros de la UE. La conclusión, no por obvia, merece ser explicitada: la ministra de economía, principal ejecutora de esta ofensiva neoliberal contra las clases trabajadoras desde el 9 de mayo, no sólo carece de la menor noción de lo que se un programa de ―izquierda‖, sino que su incompetencia técnico-profesional es un obstáculo directo para la recuperación económica y del empleo.
“Una ley se cambia con otra ley”; un proyecto político, con otro
Sería ingenuo pensar que la huelga general del 29 de septiembre, con todo lo que ha supuesto de éxito, pero también con sus limitaciones, puede modificar la relación de fuerzas hasta el punto de obligar al Gobierno Zapatero a la rectificación exigida. Cambiar la ley de la contrarreforma laboral por otra menos dañina a los intereses de la mayoría de los ciudadanos supone un proceso de mediaciones sociales y políticas. Merced a la alianza parlamentaria con PNV y Coalición Canaria, Zapatero ha conseguido un año más de gobierno –no de estabilidad parlamentaria—, hasta el siguiente debate presupuestario. Mientras se desploman las expectativas de voto del PSOE, y crecen la abstención y el desengaño asqueado a falta de una alternativa política de izquierdas, el calendario no ofrecerá respiros: primarias en Madrid para designar al candidato autonómico socialista, hoy 4 de octubre; cambio de gobierno; y elecciones catalanas el 28 de noviembre, antes de iniciar la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de primavera del 2011. Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 6
Con una base social en acelerado proceso de erosión y en la que cada vez es más difícil sostenerse con espásticas e inopinadas piruetas funambulescas, el gobierno Zapatero se halla a merced de las presiones y alianzas circunstanciales que pueda forjar, no por la capacidad hegemónica de un proyecto político propio, sino con maniobras y puñaladas de pícaro, subordinado al albur de otras fuerzas políticas, señaladamente las derechas nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. Al mismo tiempo, como han puesto de manifiesto hoy mismo las primarias socialistas en Madrid, se ha abierto la sucesión de Zapatero, cuya sustitución antes o después de las elecciones legislativas de 2012 se ha convertido en un politikum de la mayor urgencia táctica ante el visible desmoronamiento de su proyecto político.
En este tablero, el principal jugador es Alfredo Rubalcaba. Los mismos argumentos que adelantó contra la candidatura en Madrid de Tomás Gómez –esto es, que las encuestas daban más posibilidades a Trinidad Jiménez— serán esgrimidas en su momento ante Zapatero. Con la ventaja de que, a diferencia de Tomás Gómez en Madrid, Zapatero ya no tiene un proyecto político y esta en caída libre en la valoración de su gestión y en expectativas de voto. Rubalcaba aportará en su momento un proyecto político alternativo para reconstruir un PSOE socio-liberal, un proyecto fundado en la alianza con CiU, PNV y CC, a costa de sacrificar a los PS de Catalunya y Euskadi –ya desde el gobierno central, ya desde la oposición—. Contará con el acervo personal fraguado en la derrota de ETA y la ―pacificación‖ del País Vasco. Cómo habrán de participar de ese proyecto otras figuras y apparatchiki del PSOE central es ya objeto de una durísima batalla interna que ha comenzado como un choque de aparatos en Madrid, Cataluña y Euskadi, pero que tiende a evolucionar también hacia una polarización social y política en el seno del PSOE, con la presión externa de los votantes socialistas en UGT y CC OO.
El primer efecto de la Huelga General dentro del PSOE: la victoria de Tomás Gómez en las primarias de Madrid
La victoria de Tomas Gómez en las primarias de Madrid celebradas hoy, 4 de octubre, por 52% contra 48%, es el primer efecto político de la Huelga General dentro del propio PSOE. Habrá tiempo para un análisis mas detenido, pero Gómez, representante del cinturón obrero de Madrid, ha ido elaborando una alternativa a Esperanza Aguirre, la ―lideresa‖ del ala más liberal-conservadora del PP, una alternativa cada vez más cercana a los sindicatos. Su contrincante, la ministra de sanidad Trinidad Jiménez, designada por el aparato central de Ferraz, por el contrario, contaba con el apoyo del sector mas socio-liberal del partido, que sufre así una importante derrota en el comienzo mismo del debate sucesorio en el PSOE..
El postzapaterismo ha comenzado ya, por lo tanto, con una conflictividad creciente en todos los sectores socialistas, en pugna abierta por la definición de contornos y relaciones de fuerzas. Con la crisis abierta en el seno del PSOE, cada vez es menos hipotética la amenaza de una victoria de la derecha, empezando por CiU en Cataluña y siguiendo con el PP en el Gobierno central. Esa derecha tendrá que administrar una creciente crisis social dimanante de una incierta y, en el mejor de los casos, lenta, débil y desigual recuperación sin empleo de la crisis económica del 2007-2010. Ese es el escenario al que más verosímilmente tendrá que enfrentarse un nuevo proyecto de izquierda empeñado en hacer frente al neoliberalismo y capaz de defender las conquistas democráticas y sociales.
El escenario que se vislumbra para la izquierda
Lo primero, se calla por sabido, es mantener la resistencia sindical contra todas y cada una de las políticas de ajuste y contrarreforma neoliberales. Los sindicatos no ganarían nada entrando a negociar ulteriores detalles de la loca e incompetente aventura contrarreformista en que se ha embarcado este gobierno. Si los sindicatos quieren conservar y aun acrecer su capacidad de movilización y su crédito ante la población trabajadora y ante la opinión pública españolas, si han de mantenerse como el núcleo vertebrador de la izquierda socio-política de la izquierda, no pueden sino mantenerse ahora en una postura de Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 7
* firme exigencia de rectificación radical de la política económica y social del gobierno, conforme a las motivaciones programáticas mínimas que llevaron a la Huelga General; esto exige la retirada inmediata de la reforma laboral antes de entrar a cualquier otra negociación por parte de los sindicatos, y
* prepararse en serio para un largo período de conflicto social, sin excluir la convocatoria, incluso a corto plazo, de otras Huelgas Generales. Una cosa es segura: en ese empeño, no estarán solos en Europa, como lo muestran, entre muchos otros, los ejemplos de Francia y de Grecia.
La derecha política no tiene alternativa económica y social propia al gobierno Zapatero. Se limita a esperar a que éste le haga el trabajo sucio, para ganar las próximas elecciones generales como las ha ganado siempre la derecha en este país: gracias a la abstención masiva de una izquierda social deprimida y/o asqueada, huérfana de alternativa política seria o creíble al alcance de su sufragio.
Buena parte del drama económico y social español se explica por lo que algunos periodistas ingeniosos han llamado la intervención del ―Directorio europeo‖. Atrapado en el euro, habiendo tenido que renunciar a la soberanía monetaria, el Reino de España tiene ahora que renunciar a la soberanía fiscal, y se halla atrapado en una política fiscal común europea que seguramente no conviene a medio plazo ni a sus promotores y beneficiarios inmediatos (Alemania, señaladamente), pero que empuja ya al grueso de los países de la eurozona a una carrera hacia el abismo que augura un verdadero desastre para nuestro país.
Sería deseable que las fuerzas sindicales y las distintas organizaciones de la izquierda social y política se prepararan desde ahora:
* Para colaborar activamente en la articulación de una alternativa política unitaria o al menos confederada para la deprimida y asqueada izquierda social de este país. Sólo eso podría evitar el triunfo electoral de una derecha política que recoja los frutos del trabajo sucio de Zapatero, o cuando menos condicionar ese triunfo con una capacidad de resistencia cultural, social e institucional que permita sostener el pulso al neoliberalismo y reconstruir una relación de fuerzas más favorable para las clases trabajadoras.
* Para contribuir a la coordinación político-social a escala europea de la lucha por una política económica y fiscal común expansiva y anticíclica, que aleje a la UE del abismo al que aceleradamente la empujan unas elites tan incompetentes como plegadas a los dictados de los ―mercados‖.
Las políticas neoliberales del 9 de mayo se adoptaron en el seno del ECOFIN, con una Comisión, un Parlamento Europeo y con 23 gobiernos de los 27 estados miembros conservadores y neoliberales, por no hablar del mandato y de la orientación ideológica monetarista del Banco Central Europeo. El ciclo de resistencia social a las políticas neoliberales iniciado en 1995 con la huelga del sector público en Francia y que se extendió a la mayoría de los estados miembros hasta el 2007 no fue en su día capaz de frenar los programas neoliberales de la UE, ni de obtener mejoras salariales –no, desde luego, en Alemania—, a pesar del ciclo económico expansivo, aunque sí de bloquear el proyecto constitucional neoliberal europeo. Pero las huelgas generales en Grecia y Francia, las movilizaciones sectoriales en Alemania, Portugal, Bélgica y Rumania desde este verano y las que se anuncian en Irlanda, anuncian el comienzo de un nuevo ciclo de luchas sociales en Europa, cuyo primer paso de coordinación ha sido la jornada del 29 de septiembre.
NOTAS: (1) Cuesta resistirse a la tentación de señalar la curiosa evolución de PRISA frente a Zapatero, teniendo en cuenta además su situación empresarial en manos de un fondo de inversiones extranjero y los favores recibidos en la asignación de la publicidad institucional. Compárese la encuesta de Metroscopia publicada en la edición de El Pais de 4 de julio con el título “Huelga minoritaria, pero justificada” (http://www.elpais.com/articulo/espana/Huelga/minoritaria/justificada/elpepiesp/20100704elpepinac_2/Tes) con la elaborada el día después de la huelga y publicada el 2 de octubre con el título “Sindicatos y Ejecutivo, debilitados tras la huelga general” Y después de la Huelga General, ¿qué? Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós www.sinpermiso.info 8
(http://www.elpais.com/articulo/espana/Sindicatos/Ejecutivo/debilitados/elpepunac/20101003elpepinac_2/Tes). El cambio de planteamiento del cuestionario es evidente y busca a la vez satisfacer estrategias sucesorias en el PSOE como encontrar un terreno de encuentro con las tesis oficiales del PP. En el mismo sentido la evolución de algunos de los editorialistas más característicos, en una orientación que empieza a impregnar al conjunto del grupo PRISA. (2) ver en este sentido el cruce de cartas entre las direcciones de ELA y LAB por un lado y CC OO y UGT de Euskadi por otro que se incluyen en esta entrega semanal de Sin Permiso. Cuando las posibilidades de un desbloqueo del proceso de paz en Euskal Herria vuelven a estar presentes, pero se corre el peligro de falta de interlocución en el Gobierno central por intereses en el debate sucesorio de Zapatero en el PSOE, la división de la clase trabajadora vasca en la huelga general del 29 de septiembre es doblemente peligrosa para la resistencia al neoliberalismo y para avanzar en la resolución democrática y ciudadana del proceso de paz, que necesitan una nueva convergencia unitaria. (3) Sobre las alternativas de reforma fiscal progresista, es importante el trabajo realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda – Gestha, que se puede consultar en su página web (http://www.gestha.es/)
Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Consejo de Redacción.
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www.sinpermiso.info, 3 de octubre de 2010
Todos cuantos han intervenido en sucesivas tribunas publicadas en EL PAÍS a favor de una u otra candidatura del PSOE para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, alaban la excelencia de este método porque, se insiste, refuerza la democracia y aviva el debate. La experiencia concreta es bien distinta: las primarias, tal y como están organizadas, solo logran dividir y enconar entre sí a los militantes.
Es cierto que, sobre el papel, la celebración de elecciones primarias dentro de un partido político debe reforzar la participación de los militantes, incrementar el compromiso ciudadano y, lógicamente, ampliar las ideas para mejorar los programas electorales. En la práctica, ¿cuál es el resultado? Baste leer esta información tan elocuente: “Mientras los candidatos se muestran respetuosos entre ellos, sus equipos se acusan ferozmente de haber inflado las cifras de avales e incluso de incluir firmas falsas” (EL PAÍS, 23 de septiembre). ¿Es un exceso gratuito que el periodista haya calificado el modo y la circunstancia de este proceso electoral con ese adverbio -ferozmente- que nos remite, según el diccionario, a peleas entre “animales fieros y sanguinarios” que obran “con crueldad”?
Pero dejemos la exégesis de un adverbio más o menos afortunado. ¿Cuál es la realidad en las agrupaciones socialistas, barrio por barrio y pueblo por pueblo? Que las primarias solo han creado hasta el momento división, una división peligrosa en la ya de por sí zarandeada militancia del socialismo madrileño. Es fácilmente comprobable. Cuando Trinidad Jiménez ha ido a una agrupación, no han asistido, en la mayoría de los casos, los simpatizantes de Tomás Gómez. Y a la inversa. Cuando terminaban sus intervenciones, muy educadas, eso sí, aunque también muy etéreas, se abría un supuesto debate en el que la casi totalidad de las intervenciones se limitaba a ser exclamaciones de apoyo al candidato presente o algunas preguntas muy concretas sobre el barrio. Quedaba, sin embargo, una realidad evidente, que los militantes se encontraban divididos por simpatías personales o por consideraciones tan imprecisas como imposibles de explicitar. Eso si no escuchamos cómo algunos, en corrillos aparte, soltaban improperios feroces, estos sí que feroces, contra los integrantes o defensores de la candidatura contraria.
Así ha ocurrido en más casos de los deseados. Por otra parte, no podía haber debate porque tampoco los candidatos presentaban programas. Más aún, a Jaime Lissavetzky le oí anunciar como gran receta “hacer una gran sentada” para hacer “un gran programa”. Era evidente que no llevaba programa. Trinidad Jiménez hablaba con más chispa, suscitaba más empuje y se atrevía a enumerar grandes líneas políticas, pero sin descender a perfilar un programa. Por su parte, Tomás Gómez se postulaba como “el candidato de las bases”, tal parecía que los partidarios de Trinidad Jiménez solo eran altos cargos, en una peligrosa exclusión de los “otros” como no auténticos “militantes de base”. ¡Como si Virgilio Zapatero, Peces-Barba o Torres Mora, por citar algunos de sus apoyos, fuesen el arquetipo del militante de barrio!¿Es un resumen muy duro de lo que cada uno ofrecía agrupación por agrupación? Lo cierto es que sus intervenciones solo estaban planteadas para lograr la adhesión de los suyos, ni siquiera de los simpatizantes de la otra candidatura.
Cuando los escuchaba pensaba: si no me convencen a mí, que soy tan disciplinado a la vieja usanza ¿cómo van a convencer a esas personas que ahora mismo, a las ocho de la tarde, transitan por las calles aledañas de la agrupación? Pensaba en que no valen consignas sobre educación y sanidad si no se demuestra con datos que han empeorado, porque, por el contrario, hay distritos donde la gestión sanitaria -que no el derecho a la salud- se ha privatizado y, visto como usuario, no parece que haya quejas de empeoramiento. O a la inversa, también pensaba cómo no clamaban contra casos tan flagrantes de deterioro docente como el de esos centros en los que, por ejemplo, en el IES Tierno Galván de la capital, con dos grupos de alumnos más en la ESO, sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha recortado nada menos que en ocho el número de profesores, afectando a materias tan cruciales como la lengua y las matemáticas. Eso sin contar que se llega a 30 y hasta a 40 alumnos por aula en muchos centros públicos, tanto en la ESO como en un bachillerato en el que ha subido la matrícula por la vuelta de muchos que dejaron los estudios para trabajar o porque en la formación profesional no hay plazas suficientes…
Sin embargo, hay muchos profesores optimistas, que no escatiman horas ni energías. ¿Han visitado esos centros los candidatos para saber lo que es la realidad de la enseñanza pública?
Tomás Gómez y Julián Santamaría, en su apoyo, piden debates (EL PAÍS, 22 de septiembre de 2010). No hay nada que objetar en teoría, pero no vale comparar con el Partido Demócrata estadounidense y con los debates de Obama y Hillary Clinton. No tenemos ni las mismas estructuras organizativas en los partidos ni los mismos mecanismos de captación de apoyos ciudadanos. Transplantar mecánicamente la complejidad de las primarias norteamericanas a nuestro país debería ser tema de una reflexión nada coyuntural. Sin duda, desplegar la dinámica de los debates internos es necesario, pero hace falta establecer reglas muy precisas para evitar que sean modos de crear nuevas zanjas internas.
Hay un dato clave que nos diferencia de los norteamericanos: aquí ningún candidato acopia y aporta recursos económicos para la campaña electoral, para la interna y luego para la exterior contra los demás partidos. Todo lo pone el partido. Es más, las supuestas bases no hablan por sí solas, sino que acogen con mayor o menor fervor a una u otra candidatura por maniobras muy primarias de vivencias específicas de cada agrupación.
Se pudo comprobar en las primarias entre Almunia y Borrell cómo se produjo un voto de resistencia primaria de las supuestas bases frente al candidato de la dirección federal. Quizás sea fruto de que una militancia tan escasa no puede ser masa crítica para generar debates, sino solo adhesiones. Son 17.000 aproximadamente los militantes socialistas en la Comunidad de Madrid. ¿Se les puede considerar representativos de las inquietudes ciudadanas o incluso de ese millón más o menos fluctuante de votantes socialistas que hay?
En conclusión, unas primarias así solo dividen, no aportan más democracia. En teoría, mejor las primarias que la designación como método para ejercer la democracia en los partidos. Pero no valen como recurso para resolver pugnas entre las cúspides. Unas primarias que sean expresión del pluralismo interno de un partido exigen precisar bien su organización, con unas reglas de juego claras (ahora todo es confuso) y desarrollarlas como práctica obligatoria siempre. Y, además, rescatar aquel otro debate sobre el máximo de dos legislaturas para cada cargo. Pero esto ya son otras cuestiones.
Juan Sisinio Pérez Garzón es profesor de Historia y militante del PSOE.
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