La tarde en que lo mataron, Jean Jaurès pensaba que la guerra podía evitarse. Lo discutía con sus colegas, mientras cenaba en el Café de Croissant, cuando un cañón de revolver separó los visillos de la ventana y descerrajó dos balas en su cabeza. De eso hoy se cumplen 100 años. Había transcurrido un mes desde el crimen de Sarajevo y Europa entera rodaba hacia el precipicio. Con la oportuna dosis de cinismo que se precisa en ocasiones para absolverse ante la propia conciencia, sus clases rectoras pensaban que la guerra, inevitable ya, necesaria incluso, sería culpa de otros. Pero Jaurès, dispuesto hasta el último minuto a prevenir la debacle, tenía dos bazas que jugar todavía: la unidad del movimiento obrero europeo y el prestigio de su propia figura.
El gran pacifista, el orador insuperable, el unificador del socialismo francés, había denunciado durante años, sin encubrir la rapiña francesa en África, la glotonería imperialista de las potencias europeas. Se había opuesto —sin éxito— a la ampliación del servicio militar a tres años, adoptada por el Gobierno francés para emular al alemán. (Para la encabritada prensa nacionalista ya siempre sería Herr Jaurès). Tampoco había logrado de los demás líderes del movimiento socialista el compromiso explícito de convocar la huelga general de los obreros europeos en caso de guerra. Contaba con poder acordar una estrategia conjunta el 9 de agosto, fecha prevista para una gran reunión de la II Internacional en París. Podía ser tarde. El Zar había firmado el decreto de movilización general. Se precisaba un golpe de efecto y Jaurès tenía a su disposición la tribuna de L’Humanité, el diario que él mismo había fundado en 1904 para divulgar el socialismo democrático.
Aquella noche iba a escribir un largo artículo que sacudiera la opinión pública europea. No pudo. La portada del día siguiente no trajo su firma al pie de un nuevo y martilleante J’accuse, sino la noticia de su muerte a manos de un tal Raoul Villain, seguidor de Acción Francesa, el partido nacionalista de Charles Maurràs. Dijo el verdugo: “Si he cometido este acto es porque el señor Jaurès ha traicionado a su país con su campaña contra la ley de los tres años [de servicio militar]. Juzgo que hay que castigar a los traidores y que es posible entregar la propia vida por esa causa”.
Cualquier atentado contra la dignidad humana debe ser una causa del proletariado, creía Jaurès
No es preciso ser socialista para llorar hoy la muerte de Jaurès, el tipo de líder político que la historia acaba honrando con la gala de la universalidad. Republicano radical, se convirtió al socialismo al calor de la huelga de los mineros de Carmeaux. De Marx y de Blanc asumió la crítica al capitalismo y el compromiso con la apropiación en común de los grandes medios de producción, pero era demasiado librepensador para comulgar con el autoritarismo que permeaba ya la ortodoxia socialista. No debía ser la vanguardia esclarecida augurada por el archirrevolucionario Lenin —en tantos aspectos, contrafigura de Jaurès— la que trajera el triunfo socialista, sino un mandato democrático claro y una transición tranquila.
Antisectario, poco amigo de la pureza doctrinal, su socialismo, del que gustaba teorizar en grandes y abarcadoras síntesis, era la consecuencia última de su humanismo; una pasión que privilegiaba a la gran mayoría que vivía por sus manos en viles condiciones en la Europa tardodecimonónica; pero que no excluía la empatía por el burgués, cuando era éste quien padecía injusticia. De ahí su implicación en el caso Dreyfus, que el grueso del socialismo no secundó, al tratarse, decían, de una guerra civil entre burgueses. Creía Jaurès, en cambio, que el socialismo no debía desatender el drama de este oficial del ejército, burgués y judío, condenado con pruebas amañadas: una causa en que la dignidad humana estuviera amenazada debía ser también causa del proletariado. Su dreyfusismo fue, por cierto, algo más que un gesto humanitario; como explica Antoni Domènech en El eclipse de la fraternidad, era asimismo un audaz envite táctico para involucrar a la socialdemocracia, recluida en su mundo obrero, en la defensa de una débil III República en la que seguramente los republicanos no eran mayoría y que contaba con la hostilidad manifiesta de clericales, reaccionarios y monárquicos.
Tampoco la lealtad republicana de Jaurès fue universalmente compartida por la izquierda socialista, para cuya ortodoxia el régimen republicano se confundía con el ordenamiento burgués a abatir. (Recuérdese la santa intransigencia que pregonaba Pablo Iglesias en España). Jaurès, que no desconocía los mecanismos corruptores de la vida parlamentaria, se sintió siempre heredero y custodio de la tradición republicana francesa inaugurada en 1792, de la cual el socialismo no era sino ensanchamiento: la constitucionalización definitiva de la vida social en el campo, la fábrica y la mina. En el debate ideológico más importante que se dio en la II Internacional, entre los téoricos de la revolución y de la coriácea negativa a pactar con partidos burgueses, y el sector pragmático y reformista, avisado de la existencia de clases medias y del margen de mejora que permitía el parlamentarismo, se posicionó por la vía de los hechos en este último. De esa labor solidaria con el arco republicano fueron frutos la ley de separación entre Iglesia y Estado, el derecho de reunión y mejoras en el medio laboral. Frente a la tentación, hoy presente, de caer en una izquierda sectaria, maximalista y devota del antagonismo, Jaurès enseñó la vía de una izquierda ilustrada, reformadora, ecuánime y responsable.
Tampoco nos es ajeno el segundo gran debate que incumbió al socialismo de preguerra: el que oponía el internacionalismo, garante de la paz, al socialpatriotismo, de adhesión nacionalista. Como se recordará, Marx había dicho que el obrero no tenía patria. Jaurès podía detestar el chovinismo, pero sabía que las cosas no eran tan sencillas. De nuevo aquí intentó una síntesis: “Un poco de internacionalismo te aleja de la patria, pero un poco más te acerca” (sentencia no por famosa menos oscura). Ni entonces ni ahora la izquierda ha sabido solventar la dicotomía entre clase y nación. En la práctica casi siempre ha optado por el cálido abrigo de la bandera nacional. Así aquel verano, cuando de forma casi unánime la socialdemocracia, que se había llenado la boca de proclamas cosmopolitas la década previa, tomó las aguas bautismales del nacionalismo. ¡Y con qué diligencia! Socialistas de todas las naciones se sumaron obedientes a sus Gobiernos (las excepciones, como Rosa Luxemburg en Alemania, fueron directas a la cárcel).
Intentó la difícil síntesis entre clase y nación, entre el internacionalismo y el socialpatriotismo
El asentimiento socialista, que en Francia adoptó el pomposo nombre de Union sacrée, fue el último leño con que se alzó la pira para Europa: sin fábricas funcionando a pleno rendimiento guerrear a gran escala habría sido imposible. ¿Se habría avenido Jaurès a la guerra de no haberla podido evitar? Sus biógrafos no lo descartan. Pero lo más probable es que hubiera buscado un armisticio rápido y rechazado los términos de la paz cartaginesa de 1919. Tampoco sabemos cómo habría encarado Jaurès el nacimiento de la Unión Soviética y sus tempranos desarrollos totalitarios. Es la paradoja de ciertos magnicidios: lanzan al héroe a la inmortalidad, dejándolo inmóvil en el momento decisivo: aquel en que uno ha salvarse o destruirse.
Y no carece de interés entre nosotros rescatar un dato jauresiano poco conocido. De estricta observancia jacobina, Jaurès abogó por el estudio de las lenguas regionales en la escuela francesa. Ahora bien, su propuesta, y esto es lo interesante, no estaba animada por la pulsión particularista o romántica. A la inversa: quería que los escolares del mediodía estudiasen lemosín, occitano y catalán para saberse más unidos a españoles, portugueses e italianos. No para aislarse en la cultura propia, sino para abrirse a una identidad cultural superior: la latinidad.
Al conocer la noticia de la muerte de quien había sido tantos años su mejor abogado, el pueblo de París salió a la calle. ¿Por qué han matado a Jaurès?, repetían afligidos. Eran los rostros cubiertos de ceniza que cantó Jacques Brel en una estremecedora balada que recuerda la muerte del tribuno; los cuerpos macilentos de quienes se habían deslomado desde los 15 años 15 horas en la fábrica y que estaban a punto de mezclar su sangre con el fango en la guerra más estúpida y monstruosa. Pour quoi ont-ils tué Jaurès? Pour quoi ont-ils tué Jaurès?
Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst es diplomático
Entre los males que de un tiempo a esta parte se achacan al proceso de transición política a la democracia iniciado en julio de 1976 ocupa un destacado lugar lo que el portavoz de la Izquierda Plural evocaba hace unos días en el Congreso como “renuncia de tanta gente a tantos sueños y tantas convicciones, hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador”. Basaba Cayo Lara la legitimidad de la convocatoria de “un referéndum para que el pueblo decida su destino” precisamente en “todas esas renuncias en la Transición para que la democracia saliera adelante”. Al cabo de 35 años, Izquierda Plural tiene claro que los males que afectan a la democracia española proceden de aquellas renuncias en mala hora consentidas por los partidos que fraguaron el pacto constitucional y entre los que nadie diría hoy que el comunista haya desempeñado un papel fundamental.
¿Renunciaron los dos partidos de la oposición de izquierdas, el socialista y el comunista, a su “vocación republicana” durante el proceso de transición a la democracia? O mejor, ¿definía a esos partidos, PSOE y PCE, una cultura, una vocación o una tradición republicanas? Y si era así, ¿desde cuándo? Porque si algo hay claro en la historia de ambos partidos es que ni en su origen ni en las primeras décadas de su existencia dieron muestra alguna de que la República como forma política del Estado entrara entre sus principales preocupaciones.
Más bien sucedía lo contrario: en las deslumbrantes claridades dicotómicas que inundaban de luz su concepción del mundo, Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que existía un terreno situado entre explotadores y explotados, entre burguesía y proletariado, que merecía la pena explorar. Vencida al fin su repugnancia, accedió en 1909 a formar una coalición con los republicanos, tildados poco antes de “maestros consumados en el arte de engañar”, no por ningún motivo mezquino, como el de conquistar escaños en el Congreso, sino porque serviría para “ayudar a la revolución”.
La República adquirió así para los socialistas un valor instrumental al que se atuvieron en el futuro: valía en la medida en que permitía al proletariado “avanzar tranquilamente, sin innecesarias perturbaciones”, hacia su meta final. No es sorprendente, por eso, que en 1930 escribiera Julián Zugazagoitia que un socialista solo podía ver la idea de la República “con indiferencia” por la muy sencilla razón de que a quien se había educado en las convicciones marxistas “le tiene perfectamente sin cuidado el trastueque que se opera en un país al pasar de la Monarquía a la República”; una toma de posición no muy alejada de la respuesta antológica que el comité ejecutivo del PCE se dio a sí mismo después de preguntar, también en 1930, qué significaba la República para los obreros: “Es la Guardia Civil garantizando la propiedad y la explotación de los obreros y los campesinos bajo la dirección de un presidente en lugar del rey”.
Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que había un espacio entre burguesía y proletariado
Se comprende que solo al cabo de otros cuatro meses, mientras las gentes festejaban en las calles el advenimiento de la República, un grupo de agitadores del PCE irrumpiera con su camioneta en la Puerta del Sol gritando la consigna “Abajo la República, vivan los soviets”. Y que al cabo de cuatro años, hecha la experiencia republicana, El Socialista anunciara en un editorial que la República, “ni vestida ni desnuda nos interesa” y le deseara la muerte. ¿A manos de quién? Ah, eso no importaba, de quien fuera.
De modo que, cuando la rebelión militar de julio de 1936 puso a la República a los pies de los caballos, los partidos y sindicatos que acudieron a sofocarla conservaran, por encima de su adhesión o lealtad republicana, su identidad propia, su cultura y prácticas políticas, sus estrategias y sus metas finales, que no eran la República de 1931 sino el comunismo, el socialismo, el anarquismo o la independencia de sus naciones: por eso luchaban y por eso morían y por eso merecen ser recordados.
La debilidad de los republicanos y los fines muchas veces enfrentados de las fuerzas coligadas retrasaron y finalmente impidieron una estrategia común de defensa frente al enemigo, que tampoco el gobierno de Negrín pudo imponer. A pesar de la sangre derramada en su defensa, la República sucumbió doblemente derrotada: por quienes se rebelaron contra ella y por quienes en su interior libraron más de una guerra civil —en Cataluña, en Aragón, en Madrid—dentro de la Guerra Civil.
Años después de la derrota, cuando algún niño de la guerra o de la inmediata posguerra conversaba, en París o en Madrid, acerca de todo esto con un socialista de tal o cual facción, aprendía que los culpables de la derrota habían sido los socialistas de la facción contraria; si hablaba con un comunista, la culpa recaía sobre los anarquistas, por su indisciplina y su “infantilismo revolucionario”, o sobre el Consejo Nacional de Defensa, por su traición; y si con anarquistas o sindicalistas, entonces los culpables eran los comunistas, que habían vendido la República a los intereses de la Unión Soviética. ¿Cómo se podía, con estas memorias enfrentadas, hoy disueltas, silenciadas o desaparecidas en una inventada memoria democrática, recuperar una tradición republicana? Salvo la efímera ilusión acariciada tras el triunfo de los aliados en la Guerra Mundial, muy pocos en el exilio volvieron a acordarse de las instituciones de la República, digna y solitariamente mantenidas por personalidades republicanas sin el apoyo de los partidos socialista o comunista, por no hablar de los sindicalistas.
Por eso, cuando ahora se oye que las izquierdas españolas vienen de una tradición republicana a la que traicionaron en los años de Transición por el plato de lentejas de una democracia devaluada, habría que recordar que el Partido Comunista renunció a plantear la cuestión de la República veinte años antes de que la transición comenzase, en 1956, cuando publicó su célebre declaración “por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”, donde la República ni se menciona. Y diez años después, en 1966, sería la mismísima Dolores Ibarruri quien, al recordar que el problema del régimen estaba en la calle y evocar a quienes “en el deshojar de la margarita política española se preguntan: ¿Monarquía y República?”, afirmaba que solo cabía una respuesta: Democracia y Libertad, ambas en mayúscula.
Socialistas y comunistas hicieron saber que aceptarían un rey en la jefatura del Estado
Democracia y libertad, sin mención de la República, fue también la base de la resolución a la que llegaron en Múnich en 1962 varios partidos de la oposición interior y del exilio, con presencia principal del PSOE. Y aunque con la cercanía de la muerte del dictador, la República —federal, para más señas— retornara a declaraciones y congresos, no conviene olvidar que el Partido Comunista y las llamadas personalidades independientes de la Junta Democrática no dejaron de instar a don Juan de Borbón a publicitar un manifiesto postulándose como titular de la Corona: no que no quisieran un rey en la jefatura del Estado, sino que se equivocaron de candidato. En cualquier caso, desde 1948 los socialistas y desde 1956 los comunistas, todos habían hecho saber en privado y en público que aceptarían un regente o un rey en la jefatura del Estado siempre que abriera el camino a un proceso constituyente con referéndum final. Y eso fue lo que ocurrió a partir de 1976 y hasta 1978, en condiciones que nadie podía ni imaginar siquiera treinta o veinte años antes.
Sin duda, nada se puede objetar a la legitimidad de una movilización por la República, pero no deja de suscitar cierta melancolía que a su cabeza se encuentren los herederos de quienes en los años sesenta del pasado siglo enseñaron a jóvenes desorientados que el problema no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura. Hoy, como ya no hay dictadura, pero como volvemos a saborear el placer intelectual y el potencial movilizador de las claridades dicotómicas, el dilema vuelve a enunciarse, por quienes inventan una tradición republicana de la que se apropian ochenta y cuatro años después de haberla despreciado y combatido, como Monarquía o democracia. Con lo cual, limpios de polvo y paja, volvemos a 1930 sin que aquí haya pasado nada.
Santos Juliá es profesor emérito de la UNED. Acaba de publicar Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
