RECUPERAR LA INSPIRACION
Convencidos de que los males del siglo XX provenían del triunfo de los extremismos, los socialdemócratas se comportaron a partir de la posguerra europea como reformistas consecuentes. Si no, su destino hubiera sido la irrelevancia. Un riesgo similar corren hoy.
Mantuvieron la voluntad de cambiar el statu quo en el sentido de su tradición moral; pero sin veleidades antisistema. El Estado de derecho se convirtió en marco institucional irrebasable para sus aspiraciones de justicia social. La democracia representativa no era ya estación de tránsito hacia otra parte; ni la ley, un recurso legítimo solo cuando apuntara a los fines propios. Al conciliar voluntad redistributiva y lealtad institucional, el reformismo socialdemócrata hizo de los principios y procedimientos de la democracia constitucional un ingrediente de su concepción de la justicia; también, un criterio de legitimidad para cualquier pretensión de autoridad política. La oferta socialdemócrata se adecuaba a una demanda que requería de la política reglas ciertas y moralmente valiosas; y de las políticas, un remedio a desigualdades injustificables. En eso consisten la moderación socialdemócrata y la diferencia con otras izquierdas. Su contribución para asentar el Estado de bienestar y sus logros sociales fue determinante.
Lo dicho parece un pasado remoto por el impacto de la crisis actual, una de cuyas consecuencias ha sido evidenciar el agotamiento del Estado de bienestar o, al menos, de su aplicación al uso. Lamentablemente ahora no se dan ni las condiciones ni las actitudes para reproducir rendimientos redistributivos de antaño. Además, países como el nuestro solo podrán recomponer su Estado social en el marco de una Europa política reforzada, un proyecto en construcción y de futuro incierto. Depende de una voluntad de compromiso que sobrepasa la capacidad de un movimiento político y una nación.
1. Cuando los resultados no acompañan. Los socialdemócratas se han sentido, con razón, albaceas del Estado de bienestar. A su izquierda se ha despreciado un producto que se consideraba prueba de la rendición reformista. A su derecha, a partir de los años ochenta, no se ha perdido ocasión para achicarlo o desmantelarlo. El error socialdemócrata fue asociar su crédito, y en la práctica la identidad, exclusivamente a los resultados del Estado de bienestar. Se tomaron sus rendimientos como indicador concluyente no solo de sus triunfos, sino de la valía de sus acciones; y se descuidaron otras señas socialdemócratas. Con el pretexto de la eficacia, se aflojaron los controles jurídicos y los democráticos, se consintieron trampas a la legalidad; la democracia en los partidos se sacrificó en el altar de la democracia entre partidos. Desactivada la deferencia institucional, bajó el coste (moral, político y penal) de los incumplimientos y aumentaron las actitudes irresponsables, así como los riesgos de corrupción. Todo ello dio lugar a una democracia de baja calidad. Como si se hubiera impuesto la máxima de Maquiavelo: “Los actos acusan, pero los resultados excusan”.
2. Recuperar la decencia institucional. Esa es la respuesta a la pregunta sobre lo que deberíamos esperar hoy de los socialdemócratas, la condición indispensable para ser fiables a ojos de los ciudadanos. Más que de “otra forma de hacer política”, se trata de rescatar la manera no adulterada de practicarla. Consiste, primero, en que los ciudadanos los perciban como gente veraz, que acreditan sus opiniones e iniciativas. Así podrán salir del ensimismamiento y no irán a rastras de los acontecimientos. Y se revelarán distintos de otros que a derecha e izquierda chapotean en discursos de argumentario o alientan quimeras que llevan, ¿otra vez?, por caminos intransitables o directamente al precipicio.
La lealtad institucional no se sustenta a medias. Requiere el acompañamiento de la congruencia moral. En este sentido, los socialdemócratas deberían dejar ya ese trato inadmisible con los otros partidos en un afán compartido por colonizar las instituciones. El sistema de cuotas, por el que los partidos se reparten los puestos del Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y demás agencias públicas, ha enturbiado el desempeño imparcial de dichas instituciones, razón de su legitimidad. ¿Hay mayor prueba de sinceridad reformista que acabar con este chalaneo? El mal acoplamiento de Estado de derecho y Estado de partidos ha minado dos de los pilares de la justicia social: el imperio de la ley y el ejercicio cabal de la democracia representativa, dimensiones éticas indisociables y no intercambiables por otras.
Para revertir la situación, los partidos deberían recuperar el sentido institucional en el ejercicio de sus funciones. La simbiosis entre democracia y partidos es tal que los ciudadanos consideran decente el funcionamiento de aquella si lo es el de estos. Lamentablemente, el de la mayoría de los partidos no lo es; porque practican una socialización política que envilece la democracia, degrada el Estado de derecho e invierte las prioridades que justifica su prevalencia. Perpetuarse en el poder o vivir de la política o de las rentas que esta produce se convierte en el objetivo más buscado y menos reconocido de los que mandan en los partidos y de la clientela que les sostienen. Ello requiere una lógica de funcionamiento en la que se intercambia lealtad por puesto y exige una demanda insaciable de financiación y recursos. Con estos estímulos disponibles, el perfil del potencial participante se parece más al de un cazarrecompensas que al de un militante vocacional. En fin, con el pretexto de favorecer la competición entre partidos, estos operan en su interior como en “zona franca” exenta de controles jurídicos y democráticos, y por ello vulnerable a la corrupción.
Dado que no se ha querido renunciar a esa capacidad de control y dominio, tras 36 años de democracia carecemos de una ley de partidos que ponga fin a ese estado de excepción que representa el régimen interno de los partidos. Los que prefieren el statu quo, en momentos de zozobra seguirán apoyando a sus padrinos políticos a pesar de algunos incumplimientos. Para otros, este fracaso de “la democracia burguesa” refuerza su desconfianza congénita en el reformismo institucional, así como su fe en un recurrente modelo alternativo de sociedad. Para quienes, como los socialdemócratas, vinculan su identidad y el logro de sus objetivos al potencial de justicia del Estado de derecho, el fraude a sus normas o el fracaso de la democracia representativa resultan letales.
3. Indigencia socialista. La tragedia radica en que los sucesivos dirigentes del PSOE no se percatan de lo perentorio de la situación; ni podrán hacerlo inmersos en un medio de socialización política que solo filtra lo que gusta oír. “Todo lo que escuchábamos era el sonido de nuestra propia voz”, escribe Ignatieff en el recordatorio de su paso por la política. Durante años, esos dirigentes se han mantenido insensibles a cuantas señales de alarma se les ha enviado. Tras el declive del liderazgo de González a principio de los noventa, los socialdemócratas españoles vienen dando palos de ciego, indigencia estratégica que se agravó en el momento Zapatero. El anuncio de un tiempo nuevo o una refundación suena a canturreo retórico.
De momento andan dándole vueltas a la toma de decisiones en el partido que, como casi todos, funciona de modo oligárquico. De golpe vira a plebiscitaria en una puja entre pretendientes, a ver quién ofrece más participación. Al carecer de un marco normativo cierto, no se sabe a quién corresponde decidir qué. Lamentable es la ausencia de democracia; pero no menos, una democracia sin reglas. Perdido el norte y sin disponer de muchas soluciones viables, el relevo generacional en el PSOE amaga con escorarse hacia los extremos. Si actúa así, se volverá redundante y por tanto innecesario; como si no le hubieran servido de mucho los resultados de la deferencia socialista con un nacionalismo periférico cada vez más desafiante. Y es que cuando no se tiene nada propio que decir, se acaba en la irrelevancia. Lo triste es que los socialdemócratas sí tienen algo que decir, aunque parezca que lo han olvidado. Más nos vale que recuperen la estimable inspiración socialdemócrata: intención reparadora de las injusticias, decencia institucional y sentido de la moderación. Ellos evitarán el suicidio de su partido, y España, la ruina.
Ramón Vargas-Machuca Ortega es catedrático de Filosofía Política. Fue miembro del Comité Federal del PSOE de 1976 a 1993.
ENTREVISTA PAULINO VIOTA
UNA TRADICION INVENTADA
Entre los males que de un tiempo a esta parte se achacan al proceso de transición política a la democracia iniciado en julio de 1976 ocupa un destacado lugar lo que el portavoz de la Izquierda Plural evocaba hace unos días en el Congreso como “renuncia de tanta gente a tantos sueños y tantas convicciones, hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador”. Basaba Cayo Lara la legitimidad de la convocatoria de “un referéndum para que el pueblo decida su destino” precisamente en “todas esas renuncias en la Transición para que la democracia saliera adelante”. Al cabo de 35 años, Izquierda Plural tiene claro que los males que afectan a la democracia española proceden de aquellas renuncias en mala hora consentidas por los partidos que fraguaron el pacto constitucional y entre los que nadie diría hoy que el comunista haya desempeñado un papel fundamental.
¿Renunciaron los dos partidos de la oposición de izquierdas, el socialista y el comunista, a su “vocación republicana” durante el proceso de transición a la democracia? O mejor, ¿definía a esos partidos, PSOE y PCE, una cultura, una vocación o una tradición republicanas? Y si era así, ¿desde cuándo? Porque si algo hay claro en la historia de ambos partidos es que ni en su origen ni en las primeras décadas de su existencia dieron muestra alguna de que la República como forma política del Estado entrara entre sus principales preocupaciones.
Más bien sucedía lo contrario: en las deslumbrantes claridades dicotómicas que inundaban de luz su concepción del mundo, Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que existía un terreno situado entre explotadores y explotados, entre burguesía y proletariado, que merecía la pena explorar. Vencida al fin su repugnancia, accedió en 1909 a formar una coalición con los republicanos, tildados poco antes de “maestros consumados en el arte de engañar”, no por ningún motivo mezquino, como el de conquistar escaños en el Congreso, sino porque serviría para “ayudar a la revolución”.
La República adquirió así para los socialistas un valor instrumental al que se atuvieron en el futuro: valía en la medida en que permitía al proletariado “avanzar tranquilamente, sin innecesarias perturbaciones”, hacia su meta final. No es sorprendente, por eso, que en 1930 escribiera Julián Zugazagoitia que un socialista solo podía ver la idea de la República “con indiferencia” por la muy sencilla razón de que a quien se había educado en las convicciones marxistas “le tiene perfectamente sin cuidado el trastueque que se opera en un país al pasar de la Monarquía a la República”; una toma de posición no muy alejada de la respuesta antológica que el comité ejecutivo del PCE se dio a sí mismo después de preguntar, también en 1930, qué significaba la República para los obreros: “Es la Guardia Civil garantizando la propiedad y la explotación de los obreros y los campesinos bajo la dirección de un presidente en lugar del rey”.
Se comprende que solo al cabo de otros cuatro meses, mientras las gentes festejaban en las calles el advenimiento de la República, un grupo de agitadores del PCE irrumpiera con su camioneta en la Puerta del Sol gritando la consigna “Abajo la República, vivan los soviets”. Y que al cabo de cuatro años, hecha la experiencia republicana, El Socialista anunciara en un editorial que la República, “ni vestida ni desnuda nos interesa” y le deseara la muerte. ¿A manos de quién? Ah, eso no importaba, de quien fuera.
De modo que, cuando la rebelión militar de julio de 1936 puso a la República a los pies de los caballos, los partidos y sindicatos que acudieron a sofocarla conservaran, por encima de su adhesión o lealtad republicana, su identidad propia, su cultura y prácticas políticas, sus estrategias y sus metas finales, que no eran la República de 1931 sino el comunismo, el socialismo, el anarquismo o la independencia de sus naciones: por eso luchaban y por eso morían y por eso merecen ser recordados.
La debilidad de los republicanos y los fines muchas veces enfrentados de las fuerzas coligadas retrasaron y finalmente impidieron una estrategia común de defensa frente al enemigo, que tampoco el gobierno de Negrín pudo imponer. A pesar de la sangre derramada en su defensa, la República sucumbió doblemente derrotada: por quienes se rebelaron contra ella y por quienes en su interior libraron más de una guerra civil —en Cataluña, en Aragón, en Madrid—dentro de la Guerra Civil.
Años después de la derrota, cuando algún niño de la guerra o de la inmediata posguerra conversaba, en París o en Madrid, acerca de todo esto con un socialista de tal o cual facción, aprendía que los culpables de la derrota habían sido los socialistas de la facción contraria; si hablaba con un comunista, la culpa recaía sobre los anarquistas, por su indisciplina y su “infantilismo revolucionario”, o sobre el Consejo Nacional de Defensa, por su traición; y si con anarquistas o sindicalistas, entonces los culpables eran los comunistas, que habían vendido la República a los intereses de la Unión Soviética. ¿Cómo se podía, con estas memorias enfrentadas, hoy disueltas, silenciadas o desaparecidas en una inventada memoria democrática, recuperar una tradición republicana? Salvo la efímera ilusión acariciada tras el triunfo de los aliados en la Guerra Mundial, muy pocos en el exilio volvieron a acordarse de las instituciones de la República, digna y solitariamente mantenidas por personalidades republicanas sin el apoyo de los partidos socialista o comunista, por no hablar de los sindicalistas.
Por eso, cuando ahora se oye que las izquierdas españolas vienen de una tradición republicana a la que traicionaron en los años de Transición por el plato de lentejas de una democracia devaluada, habría que recordar que el Partido Comunista renunció a plantear la cuestión de la República veinte años antes de que la transición comenzase, en 1956, cuando publicó su célebre declaración “por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”, donde la República ni se menciona. Y diez años después, en 1966, sería la mismísima Dolores Ibarruri quien, al recordar que el problema del régimen estaba en la calle y evocar a quienes “en el deshojar de la margarita política española se preguntan: ¿Monarquía y República?”, afirmaba que solo cabía una respuesta: Democracia y Libertad, ambas en mayúscula.
Democracia y libertad, sin mención de la República, fue también la base de la resolución a la que llegaron en Múnich en 1962 varios partidos de la oposición interior y del exilio, con presencia principal del PSOE. Y aunque con la cercanía de la muerte del dictador, la República —federal, para más señas— retornara a declaraciones y congresos, no conviene olvidar que el Partido Comunista y las llamadas personalidades independientes de la Junta Democrática no dejaron de instar a don Juan de Borbón a publicitar un manifiesto postulándose como titular de la Corona: no que no quisieran un rey en la jefatura del Estado, sino que se equivocaron de candidato. En cualquier caso, desde 1948 los socialistas y desde 1956 los comunistas, todos habían hecho saber en privado y en público que aceptarían un regente o un rey en la jefatura del Estado siempre que abriera el camino a un proceso constituyente con referéndum final. Y eso fue lo que ocurrió a partir de 1976 y hasta 1978, en condiciones que nadie podía ni imaginar siquiera treinta o veinte años antes.
Sin duda, nada se puede objetar a la legitimidad de una movilización por la República, pero no deja de suscitar cierta melancolía que a su cabeza se encuentren los herederos de quienes en los años sesenta del pasado siglo enseñaron a jóvenes desorientados que el problema no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura. Hoy, como ya no hay dictadura, pero como volvemos a saborear el placer intelectual y el potencial movilizador de las claridades dicotómicas, el dilema vuelve a enunciarse, por quienes inventan una tradición republicana de la que se apropian ochenta y cuatro años después de haberla despreciado y combatido, como Monarquía o democracia. Con lo cual, limpios de polvo y paja, volvemos a 1930 sin que aquí haya pasado nada.
Santos Juliá es profesor emérito de la UNED. Acaba de publicar Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
