+
Compartir

¿DEMOCRACIA CONTRA DEMOCRACIA?

Los tiempos interesantes están convirtiéndose a ojos vista en aquello que suelen ser: tiempos peligrosos. Desde el atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001, se diría que nos hemos adentrado a ciegas en una época convulsa con rasgos propios de la ficción y asistimos extrañados a una sucesión de acontecimientos dignos de una ucronía política: de la crisis económica al Brexit, pasando por Trump y los ensayos nucleares norcoreanos. De hecho, es como si, tras abandonar el curso ordinario de la historia, la ucronía misma se hubiera convertido en nuestra realidad: un teatro del absurdo que tiene por banda sonora la cacofonía diaria de los comentaristas digitales. No es un símil desencaminado, pues hay días en que la política contemporánea parece materializar las fantasías de un troll.

Tiempos peligrosos, por tanto: para la convivencia pacífica, para la legalidad constitucional, para la democracia representativa. Podríamos decir que para la democracia sin adjetivos, pero la democracia es un concepto polisémico cuyo empleo suele requerir adjetivación. Otra cosa es que denominemos «democracia», a secas, al tipo de democracia que se ha convertido en dominante en la modernidad tardía: la representativa o constitucional o liberal. No está claro, sin embargo, que esta democracia equivalga a la democracia, por muy acostumbrados que estemos a ella. Es lo que Carlos Fernández Barbudo, joven investigador español, planteaba recientemente en uno de los famosos «hilos» de Twitter:

Democracia es un concepto político fundamental cuyo significado ha ido variando a lo largo de la historia. Muy mucho. Ante este tipo de conceptos no cabe buscar una definición exacta o auténtica. Cada vez que un actor político intenta definir «democracia», lo que está haciendo es actuar políticamente. ¿Qué significa esto? Pues que está intentando que su definición (aka su cosmovisión ideológica) prevalezca. Definir democracia es intentar mover a la sociedad a los postulados implícitos en esa definición.

Es lo que nos enseña la historia conceptual desarrollada por el historiador alemán Reinhart Koselleck, quien en la obra fundamental dedicada al asunto ‒los varios volúmenes de los Geschichtliche Grundbegriffe‒ rastrea junto a sus colaboradores el registro semántico de los grandes conceptos políticos para identificar sus distintos usos. En el caso de la democracia, evidentemente, la ambigüedad viene de serie: fuera cual fuera la práctica originaria en las sociedades premodernas, incluida la sofisticada Atenas, un régimen político que consiste en «el gobierno del pueblo» deja un margen considerable para la variación organizativa. Y lo que apunta oblicuamente Fernández Barbudo es que esa disputa semántica es la que estamos presenciando en España estos días a cuenta del enfrentamiento entre los partidarios del referéndum que habría de decidir sobre la secesión de Cataluña y quienes defienden una democracia constitucional de corte kelseniano en la que ese referéndum es ilegal. O, si se quiere, entre una democracia representativa y una democracia plebiscitaria.

Distintas declaraciones del presidente de la Generalitat catalana han dejado meridianamente clara su posición en esta disputa. El señor Puigdemont ha dicho, por ejemplo, que la democracia nada tiene que ver con los procedimientos, o que «los catalanes» no viven en una democracia «tal como la entendemos nosotros». Algo que, por lo demás, se puso de manifiesto con la dudosa aprobación en el Parlamento autonómico de una Ley de Transitoriedad que vulnera el orden legal vigente ‒tratando, de hecho, de suplantarlo‒ y se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Frente a los detalles procedimentales se plantaría nada menos que un pueblo, el pueblo catalán, cuya voluntad colectiva valdría más que todas las leyes del mundo. Otras pruebas de esta concepción «alternativa» de la democracia pueden hallarse en el dibujo de la hipotética república catalana que contiene la citada Ley de Transitoriedad, más cercana al llamado «iliberalismo» que al liberalismo en su debilitamiento de la separación de poderes.

Sucede que la contraposición de dos modelos de democracia ‒uno representativo y otro plebiscitario‒ antecede a la crisis catalana. Su origen se encuentra en la irrupción del populismo de derecha e izquierda que trae causa de la crisis y la consiguiente deslegitimación de las democracias liberales. Ante el fracaso de las «elites», se propone el gobierno directo del «pueblo»; como el gobierno directo del pueblo es imposible, su voluntad está mediada por la acción de un líder que la «interpreta» y traduce a políticas concretas. Y que, llegado el caso, realizará en la arquitectura institucional las modificaciones que sean necesarias para facilitar la relación directa entre el líder y el pueblo: eliminación o sometimiento de los órganos contramayoritarios (como el Banco Central), supresión o debilitamiento de la independencia de los tribunales, anulación de la división de poderes, limitaciones a la libertad de expresión, recuperación de la soberanía cedida a tratados internacionales (el Acuerdo de París en el caso norteamericano) u organismos multinacionales (como la Unión Europea), desarrollo de políticas destinadas a reforzar la cultura «propia» frente a contaminaciones exteriores. No todos los populismos son iguales y, por tanto, no todos estos rasgos iliberales habrán de estar presentes en la misma medida. Iliberal es aquí la palabra correcta, pues el populista alega que la democracia representativa es demasiado liberal y demasiado poco popular; razón por la cual procede a restarle liberalismo y a añadirle populismo.

Esta contraposición ha protagonizado el reciente intercambio de textos entre Iñigo Errejón y José María Lassalle en las páginas de El País, a cuenta del reciente libro que el segundo ha dedicado al populismo que el primero, lector atento de Ernesto Laclau, ha admitido en más de una ocasión practicar como actor político (Contra el populismo, Barcelona, Debate, 2017). Este tipo de conversación debería ser más frecuente en España, donde la tradición de las controversias públicas ha ido perdiéndose irremediablemente. En un país tan desapasionado como Alemania son, en cambio, frecuentes y, cosa impensable entre nosotros, a menudo con la participación cruzada de varios medios o alusiones positivas de Der Spiegel a algo que ha dicho el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En su breve pero enjundiosa monografía, Lassalle se refiere al populismo como a un «totalitarismo posmoderno»; uno de baja intensidad que se mantiene dentro de los confines de lo aceptable para la opinión pública. A su juicio, es claro que el populismo actual plantea un modelo de democracia alternativa: negando los patrones institucionales, representativos y legales del modelo vigente mientras ofrece otro que sobredimensiona la faceta popular (el demos de la demokratia) de la democracia. Es aquí donde entran en juego la gente, el pueblo o ‒en el caso catalán‒ la nación. Es un pueblo movilizado permanentemente contra un enemigo; justamente, contra los enemigos del pueblo: ya sean los banqueros, España o, al decir del Daily Mail, los jueces que reconocieron la competencia de la Cámara de los Comunes para votar el futuro acuerdo de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El decisionismo soberano de Carl Schmitt tiene aquí más peso que la legalidad que culmina en la Constitución descrita por Hans Kelsen: la movilización popular no puede entretenerse con la letra pequeña de los reglamentos. Pero, como sugiere Lassalle, el pueblo del populismo es representado de una forma particular: no como sujeto, sino como víctima. En buena medida, el discurso del populismo consiste en el señalamiento de los culpables, en la delimitación de un círculo de causantes de la desgracia ajena. Hay donde elegir; quien busca un enemigo a quien culpar de sus males siempre acabará por encontrarlo. En unos casos son las elites y, en otros, el sistema en abstracto; en el caso catalán, la malvada España. Los acentos sentimentales son obvios: basta sentirse víctima para ganarse el derecho a conducirse como una.

Iñigo Errejón afea a Lassalle que nada se diga en el libro sobre las causas que han provocado la ira popular. Más que un fenómeno emocional, viene a decirnos, estamos ante una respuesta racional al fracaso de las elites; elites que han operado en el interior del sistema para servir a sus propios intereses en detrimento de los derechos ciudadanos. En otras palabras, Lassalle «naturalizaría» un fenómeno que Errejón querría politizar, poniendo nombres y apellidos a las decisiones concretas que han conducido al estado de ánimo que canaliza el populismo. Para Errejón, eso es hacer política. El reproche es parcialmente justo: Lassalle dedica poca atención a la concatenación de errores ‒dolosos o no‒ que condujeron al crash de 2008. Pero no es menos cierto que semejante ejercicio de indagación corresponde a disciplinas distintas de la teoría política y que la propia literatura populista ‒a menudo lacaniana‒ se entrega al hermetismo teórico con más entusiasmo que a los datos socioeconómicos. Se advierte aquí un problema intrínseco al populismo, que al victimizar al pueblo niega que el pueblo tenga nada que ver con las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos a los que ese mismo pueblo vota, pasando por alto de paso que la conversación pública ‒cada vez más democrática‒ condiciona la acción de los gobiernos y penaliza a aquellos que adoptan medidas impopulares. Dicho esto, es conveniente saber qué demandas ciudadanas responden a injusticias o daños objetivables y cuáles, en cambio, expresan frustración o cólera debido a sucesos impredecibles o que constituyen el efecto colateral de procesos sociales más amplios: desde el cambio en los patrones demográficos a las transformaciones tecnológicas. No porque de esa manera estos cambios queden al margen de la acción política, sino porque la acción política no siempre puede anticiparlos o revertirlos sin producir daños distintos. El populismo suele trazar líneas causales simples allí donde sería más adecuado hablar de una causalidad compleja y actores que gozan de una información limitada sobre el efecto de sus acciones.

Asimismo, Errejón retoma una de las ideas más queridas al populismo, aun no siendo exclusiva del mismo: la de que existen épocas frías y calientes en la historia de las comunidades políticas. En las primeras, reina una aparente normalidad y las instituciones existentes gozan de legitimidad; en las segundas, surgen demandas populares ‒normalmente articuladas por un líder o partido‒ que no encuentran acomodo en esas instituciones y demandan su sustitución o ampliación. Errejón toma la idea de Bonnie Honig de que no hay consenso sin «excedente», o desacuerdo dejado al margen: las épocas fundacionales son aquellas en que retorna lo reprimido en forma de descontento popular. Son los tiempos «redentores» de la democracia, como los denomina Margaret Canovan. En ellos, sostiene Errejón, aparecen el pueblo o la gente que encarnan una «nueva voluntad colectiva». También la inquietud:

Es el momento fundacional de we the people que a los conservadores de distinto signo ideológico fascina cuando está escrito en un código o expuesto en un museo de historia, pero horroriza cuando asoma la cabeza en el presente.

En eso no le falta razón: las disrupciones del orden lucen mejor en los libros de historia y eso hace que el juicio político (o moral) sea más difícil para el observador contemporáneo, pues no acaba de saber qué tiene delante. Bien pueden ser reclamaciones legítimas que delatan fallas en el sistema representativo, bien una deficiente provisión de derechos. Pero también perturbaciones de otro tipo: la frustración derivada de unas expectativas infundadas (a menudo alimentadas por la competición electoral, que, por ejemplo, promete lo que no puede cumplir) o la agitación que produce la acción del líder populista. Ya que éste, mediante su performance, no se dirige un pueblo preexistente, sino que lo crea en el momento de nombrarlo. En cualquier caso, eso que llamamos «pueblo» parece ser

un imposible imprescindible: imposible porque la diversidad de nuestras sociedades ‒afortunadamente‒ nunca se cancela o cierra en una voluntad general plenamente unitaria y permanente, pero al mismo tiempo imprescindible, porque no existen sociedades sin mitos, relatos y metas compartidas.

En este mismo blog hemos descrito el pueblo como una metáfora triunfante pero imposible: una noción que sirve para adscribir la soberanía de que antaño gozaban los reyes al conjunto de los ciudadanos y recabar con ello legitimidad para el orden democrático, pero que no puede jamás actualizarse sino simbólicamente. El pueblo no existe, salvo porque creemos en él. La sociedad es demasiado plural y contiene intereses demasiado diversos para que algo parecido a un pueblo o a una voluntad popular pueda identificarse sin esfuerzo. Si todos los ciudadanos del mundo pudieran justificar racionalmente la existencia del Estado, no nos haría falta el pueblo; pero no es el caso y, por tanto, las alusiones al pueblo ‒o la nación‒ siguen presentes en el discurso político y los textos constitucionales. Qué tipo de orden político se funde sobre qué concepción del pueblo, en cambio, es asunto distinto. ¿No hablaba Hitler del Volk alemán para justificar su expansionismo militar? Más ambiguamente: ¿no ha servido la idea del «pueblo americano» para justificar hechos políticos tan diferentes como el genocidio de los indios, la guerra contra los nazis, el fin de la discriminación racial o el proteccionismo comercial? ¡Que pregunten a Bruce Springsteen, a quien todavía le dura el enfado por la apropiación reaganiana de Born in the USA!

Un problema de los «momentos calientes» es que no todos ellos son democráticos o progresistas: la lucha de Solidaridad contra el comunismo tiene su espejo invertido en el nacionalpopulismo del actual gobierno ultraconservador polaco. Y, sin necesidad de irnos muy lejos, nada más caliente ahora mismo que Cataluña, donde la institucionalidad existente (instaurada por la Constitución) está siendo dinamitada por un movimiento nacionalista que invoca la democracia con objeto de vulnerar la democracia. En la actual fase revolucionaria, el separatismo no duda en hostigar a los alcaldes que no se prestan a ceder dependencias municipales para celebrar el referéndum ilegal; y eso por mencionar apenas una de muchas lindezas que explican el silencio ‒más que espiral, embudo‒ de quienes son contrarios a la secesión.

En su breve réplica, precisamente, Lassalle defiende una legitimación fría de la democracia liberal que haga posible la construcción de un «nosotros» asentado en la diferencia. El populismo haría exactamente lo contrario y Laclau así lo señala: identifica a una parte del pueblo como el único pueblo legítimo. De nuevo, es lo que sucede con claridad de manual en el caso catalán: están los catalanes y están los enemigos de Cataluña, sean malos catalanes o, incluso ‒como leíamos en un tuit este pasado lunes‒, «españoles nacidos en Cataluña».. Aquí el nacionalismo demuestra haber sabido aprovechar las lecciones del populismo, inventándose un pueblo ‒«un solo poble»‒ allí donde hay una pluralidad de ciudadanos con preferencias e intereses diversos. O, si se quiere, inventándose una voluntad popular única allí donde ésta no existe. Su invocación, de hecho, trata de ocultar escandalosas diferencias entre distintos segmentos socioeconómicos: según datos de la propia Generalitat, solo el 41% de los catalanes son separatistas, y en las clases más bajas ese porcentaje baja al 27,6%, elevándose al 38,4% en la media-baja y al 45,6% en la clase media. Todos los pueblos el pueblo.

Seguramente Lassalle sea demasiado optimista y una legitimación puramente racional de las democracias liberales no sea todavía posible. No se equivoca, en cambio, cuando apunta hacia ese ideal y la necesidad de perseguirlo: evitando reforzar una nostalgia por el absoluto que rebrota con inquietante facilidad en el interior de las comunidades humanas. Y quizá, de hecho, podamos responder ahora de otro modo a la cuestión inicial: a la tesis conforme a la cual cuando distintos actores ponen sobre la mesa entendimientos distintos de lo que sea la democracia no hacen sino política o ideología, pues promuevem un modo de hacer democracia sobre los demás. No habría, entonces, democracia «auténtica».

Así es. Pero el atractivo teórico de la proposición parece desvanecerse cuando nos asomamos a la praxis política y vemos en qué consiste la democracia plebiscitaria del populismo que se presenta como una de las alternativas a la democracia liberal-representativa. Es entonces ‒a la vista de lo que sucede en Venezuela, o Polonia, o Cataluña‒, cuando recordamos que estas últimas no han sobrevivido históricamente por casualidad y que la existencia de contrapesos liberales destinados a limitar el alcance del gobierno popular tiene mucho sentido. Sobre todo: preservar el pluralismo social y garantizar los derechos individuales ante cualquier mitomanía colectivista, así como vincular el proceso político a procedimientos inclusivos que otorgan legitimidad a las leyes democráticas. No es poco, y cuando lo perdemos, nos parece mucho.

La democracia, en suma, tiene muchos significados potenciales. Pero renunciar a lo que nos enseña la experiencia histórica sobre el desenvolvimiento de sus distintos modelos es imprudente. Y si nos ha enseñado algo sobre la democracia plebiscitaria (¡no digamos sobre el nacionalismo!), es que resulta preferible leer sobre ella a sufrir las consecuencias de su puesta en práctica. Salvo que uno se aburra y desee vivir en tiempos interesantes, aunque sean ‒también‒ peligrosos.

20/09/2017

manuel arias maldonado

Compártelo:

Esta entrada no tiene ningún comentario

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *