PARTIDOS POLITICOS
El artículo 6 de la Constitución Española recoge que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Si las formaciones del 75 caminaban con meridiana firmeza sobre este terreno, sus renuevos, con el paso de los años, han ido perdiendo estabilidad. Y los partidos de reciente creación, nacidos, entre otros motivos, por lo que parecía una falta de representatividad grave, han caído en los mismos vicios. Las estructuras organizativas en torno a las que se organiza la política son insatisfactorias, lo que genera más desafección y allana el terreno para que surjan nuevas formaciones que canalicen ese descontento.
La gran recesión de 2007 culminó con la reorganización de los sistemas de partidos en países como Francia, España, Italia o Alemania. Además de un descenso de la calidad de la política, se aprecia una creciente reducción del número de afiliados a los partidos, la decadencia o desaparición de algunas formaciones históricas y el recurso a fórmulas alternativas con estéticas de movimientos sociales o de corte personalista. Esta es la tesis inicial que defienden José Antonio Gómez Yáñez, doctor en Sociología y profesor asociado en la Universidad Carlos III, y Joan Navarro, licenciado en Sociología y vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, en su obra, Desprivatizar los partidos.
Los partidos políticos no son ajenos a esta realidad, de modo que reaccionan modificando sus modelos organizativos para fortalecer sus liderazgos. Esto, señalan los autores, «aleja las estructuras partidarias de sus afiliados, de sus electores, de los votantes en general, complicando la política y limitando los cauces de participación y de expresión de preferencias». Para los autores, apostar por liderazgos sin contrapesos internos no solo es una regresión democrática, también una operación arriesgada para la propia supervivencia de las formaciones.
El 15-M, que llevó a las calles a miles de indignados de toda España, popularizó aquel grito de ‘¡No nos representan!’ que llegó en forma de susurro a unos representantes que comenzaban a hablar de ‘regeneración democrática’. Con los años, comprobamos que de regeneración, poco; de democrática, quizá menos.
Los partidos celebran primarias como si fuesen el culmen de la creación participativa, cuando, en realidad, son «una manera de arrasar con todos los equilibrios de poder internos, como explica Yáñez, o, simplemente un caos: Podemos, dividido en plataformas; Ciudadanos, envuelto en un escándalo de pucherazo; el PP, escorado a la derecha y con un futuro electoral negro tras la mimetización de su mensaje con el de Vox (recordemos, además, que Casado sumó las fuerzas de todos los perdedores para competir finalmente contra Soraya Sáenz de Santamaría); y el PSOE, con una brecha abierta entre susanistas y sanchistas que no ha cerrado del todo.
«Los partidos del 75 sí representaban a la ciudadanía. Hicieron bien su trabajo, tenían grandes dosis de democracia interna, solo así fue posible el tránsito de una dictadura a una democracia», señala Yáñez. Ahora bien, «aquello fue degenerando por los propios mecanismos de los partidos políticos, que son bastante malos, e impiden a las formaciones reflexionar sobre la sociedad». Estos entes «tienen que albergar órganos ejecutivos, de control y que generen política. Necesitan un entramado donde 100 o 150 personas tengan poder. Esto debe ser invulnerable», explica el sociólogo.
Los partidos políticos españoles, aseguran los autores en el libro, se encuentran «entre los más cerrados de Europa: celebran sus congresos en los plazos más dilatados (cuatro años), sus parlamentos internos (los órganos previstos para controlar a sus órganos de dirección) son ineficaces, las candidaturas a las elecciones y la composición de los órganos internos se deciden por procedimientos de cooptación». Esto explica, al menos en parte, las causas del distanciamiento con el que la ciudadanía vive la participación política.
Para Joan Navarro, es imposible desligar la democracia de los partidos políticos; sin embargo, defiende, no le damos importancia «a lo que ocurre dentro de ellos porque la visión que tenemos es de que esto es una asociación privada. Nos importa lo que propone el partido, quién es el líder, quiénes los diputados, pero no lo que pasa en su seno. Sin embargo, son los partidos los que agregan las preferencias individuales a partir de sus ofertas electorales, los que preseleccionan y forman a los cargos públicos, etc. Por tanto, de ellos depende tanto el sufragio pasivo como el activo, dos pilares básicos de la Constitución. Además, solo alrededor de ellos es posible desarrollar el derecho de participación efectiva de los ciudadanos en la política», explica el vicepresidente de Asuntos Públicos Llorente y Cuenca.
¿Soluciones?
Los partidos políticos no deberían operar como instituciones privadas. Como sugiere el título del libro, para un mejor funcionamiento de las formaciones, lo apropiado es desprivatizarlos. Los partidos, que también se financian con dinero público, deben guarecerse bajo una legislación que equilibre el poder interno, controlando y abriendo cauces para que la ciudadanía «concurra eficazmente con ellos a la tarea constitucional de ser articuladores de la formación de la voluntad popular», explican los autores en la obra.
Entre las medidas propuestas por Yáñez y Navarro, se encuentran las siguientes: democratización de la organización y el funcionamiento interno de los partidos políticos, donde los estatutos establezcan congresos cada dos años para elegir cargos directivos y reuniones de los órganos de control de las direcciones y los parlamentos internos cada cuatro mese; dotar de mayor capacidad de participación de los afiliados mediante ‘elecciones internas directas’ para cargos internos; incrementar el control eficaz del funcionamiento de los partidos y la protección de los derechos de afiliados y ciudadanos; impulsar la transparencia mediante la apertura de datos; considerar los programas electorales como ‘contratos con la ciudadanía, con rendición de cuentas periódica; reconocer la libertad de conciencia de los representantes; y, entre otros punto, limitar a cuatro años los mandatos de los encargados de las cuentas de los partidos.
