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Sección : Opinión

MORAL DEL PEDO

La formulación de la moral del pedo la debemos a Rafael Sánchez Ferlosio, químico de la realidad doctorado por la Universidad de Coria. En su día Sánchez Ferlosio explicó que, en un espacio cerrado, el nacionalismo opera siguiendo una dialéctica similar a la de la socialización

 de los gases intestinales. Provoca un efecto inverso en función de si eres sujeto activo de la acción o si por el contrario eres receptor. Mientras que la fragancia que desprenden los evacuados por uno mismo más bien nos pasa desapercibida, en cambio las ventosidades que han sido expulsadas por los demás nos incomodan como una nube tóxica.

Lo experimenté al revisar la presentación de la Plataforma Ciudadana de Albert Rivera. Poco a poco notaba que en mi despacho el tufo se iba haciendo insoportable y al fin, hacia el minuto 47, después que el presentador de la gala anunciase que “ahora viene la sorpresa”, temí perder la conciencia durante la intervención de Marta Sánchez. En el escenario había tres pantallas. En las laterales ondeaba una bandera española. En la pantalla superior, que presidía el escenario, se pasó el fragmento de su actuación del mes de febrero cuando estrenó la letra para su versión del himno nacional. “Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón / y no pido perdón”. En su día incluso la felicitó el presidente Rajoy.

El pasado domingo, al terminar el clip, Sánchez salió al escenario, se puso incluso en pie el ilustrado Francesc de Carreras, y ella pronunció un discurso breve y sentido. “Nunca antes, en mis 37 años de carrera, tanta gente me había dado las gracias”, confesó. La gente aplaudió, ella se emocionó y la gente que ondeaba banderas se levantó para aplaudirla todavía más. ¿La aplaudían por su trayectoria? Diría más bien que ese reconocimiento no era por su prestigiosa carrera sino por haberse atrevido a lanzar ese monumental pedorro kitsch que, inmediatamente después, ella entonó a cappella. “Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, / honrarte hasta el fin”. A nadie de los presentes les molestó, pero casi todos estarían dispuestos a aceptar que el nacionalismo es la peste. Eso sí, nunca la suya.

ARTÍCULO DE JORDI AMAT EN LA VANGUARDIA

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SOBRE DERECHO PENAL

“Las salvaguardias de la libertad
se han forjado frecuentemente en
controversias que afectaban
a gente no muy agradable”
Juez Felix Frankfurter disintiendo
en el caso U. S. vs Rabinowitch ( 1950)

El valor Justicia, expresado en el artículo 1.1 de la Constitución, inspira los cimientos sobre los que se construye el Estado de Derecho. En esa arquitectura de normas que es el Estado de Derecho el Código Penal ocupa un lugar destacado. Se trata de un instrumento extraordinariamente poderoso para intervenir en las patologías más importantes y peligrosas que puedan suscitarse en el seno de la sociedad. Cómo se estructure la respuesta a esas, cómo se aquilate la proporcionalidad entre conductas punibles, naturaleza y lesión de bienes jurídicos y las sanciones anejas a todo ello, revelará si el legislador se inclina por una respuesta autoritaria o liberal a la hora de configurar el contenido del Código Penal.

Un Código Penal moderno debe olvidar las concepciones clásicas de carácter retributivo e inquisitorial en defensa de una moral social. El pluralismo democrático exige el debate entre ciudadanos, la tolerancia de las discrepancias y la aceptación de comportamientos minoritarios que solo puedan ser perseguidos si socavan gravemente los cimientos del pacto social. De ahí que los Códigos penales más modernos se orienten en relación a dos principios esenciales, el de ultima ratio y el de intervención mínima.

El principio de ultima ratio supone que el Código Penal es el instrumento de corrección de conflictos sociales al que hay que acudir en último extremo. El Código Penal no es sino una pieza más en el universo del ordenamiento jurídico. Cualquier conflicto social, por importante que sea, puede y debe tener acomodo en normas de tipo civil, mercantil, administrativo o laboral. Solo en supuestos de insuficiencia regulatoria, o cuando el conflicto socavara los principios y bienes jurídicos esenciales a esa convivencia, debería recurrirse a la norma penal. De no hacerse así, amén de que se produce el desapoderamiento de esas otras normas, que quedan vacías de sentido, esa decisión lleva a la colonización de esa norma penal por normas de naturaleza civil, administrativa, mercantil o laboral.

Por su parte, el principio de intervención mínima nos indica la necesidad de que se regulen exclusivamente aquellas conductas que revelen un grave atentado a bienes jurídicos cuya naturaleza sea esencial a la convivencia y cuya lesión la ponga en serio peligro de quiebra. De ello se desprende que no todos los bienes jurídicos debieran merecer, si son atacados, su instauración en tipos penales, salvo el caso de ataque directo, por cuanto el ordenamiento jurídico debe ofrecer una tutela normativa que permita la consideración penal como residual.

El Código Penal de 1995 supuso un cambio muy notable respecto al modelo anterior de 1963, con origen en el de 1944. Aunque advertía en su Exposición de Motivos de su adhesión a esos principios, solo lo cumplimentaba a medias. En todo caso, desde su promulgación, ha sido modificado en casi treinta ocasiones, algo sin parangón en nuestro entorno europeo. Esa voracidad de los Gobiernos para modificar la norma penal ya revela la leve consideración que les merece una norma tan esencial.

Las causas de ese desenfreno legislativo no hay que buscarlas en supuestos cambios sociales de calado o convulsiones que nos hayan asolado sino en el empeño en desconocer el principio de intervención mínima. El Código Penal se ha modificado bien a golpe de crónica de sucesos con impacto mediático emocional y perspectivas electoralistas, por la presión de diversos lobbyssociales, por trasponer normativas europeas con desmaño y precipitación, o como reacción a decisiones jurisprudenciales e impulsos de indicación puramente académica. El recurso a la exacerbación de penas como elemento de cruzada ante graves males sociales (valga la cita para los casos de violencia de género o los horribles supuestos que puedan suponer la aplicación de la prisión permanente revisable) pueden tranquilizar conciencias o incluso calmar la agitación ciudadana pero no sirven ni para impedir la comisión de tales crímenes ni como mecanismos de disuasión, como lo revelan las frías estadísticas. Si hay que legislar penalmente ante hechos socialmente muy graves debe hacerse pero entendiendo la respuesta penal no como algo coyuntural, puramente represivo, sino incardinando en una respuesta global extensible a todo el ordenamiento jurídico y tras un examen cuidadoso del origen de esa brecha grave de la convivencia.

La consecuencia de todo ello es que tenemos un Código Penal proteico, híper intervencionista, de naturaleza reactiva y por tanto autoritaria para combatir males sociales evidentes (terrorismo, narcotráfico, delitos sexuales, violencia de género, corrupción política y económica, medio ambiente). Se utiliza como arma de reacción primaria y única sin engarce en la detección y prevención de los problemas y su posible resolución en otras instancias normativas. Esa tendencia se me antoja tan imparable como expansiva. En cuanto se irrita el tejido social, el cirujano penal entra sin contemplaciones en la represión de las conductas entre el temor y el convencimiento de que de esa manera combate el mal social y además recibirá el aplauso de la sociedad. El legislador penal renuncia así a analizar las raíces y causas del conflicto, ponderar los elementos en juego, prever las consecuencias a medio y largo plazo, y trazar un plan que ayude a prevenir y resolver tal conflicto.

Pero además lo hace técnicamente mal, con textos de interpretación inextricable, de extensión desmesurada, reglamentarista hasta el extremo (como sucede con la previsión de la suspensión de condena o la libertad condicional). Esa grave quiebra de la legalidad penal se hace aún más ostensible en la proliferación de tipos penales en blanco que obligan a indagar fuera del proceso penal las normas con las que rellenar el tipo penal, un proceso que se revela en muchos casos intrincado pues las normas tributarias, de siniestralidad laboral o administrativas suelen ser laberínticas.

Otra consecuencia es que el Código Penal acaba acogiendo tipos delictivos fabricados con normas laborales, administrativas o mercantiles extrapenales. Buena parte de la politización de los procesos o la judicialización de la política se apoya en situaciones como las reseñadas, siendo uno de esos tipos, de indudable tradición penal, el de prevaricación administrativa, en el que cada vez es más complicado distinguir hasta dónde estamos considerando un ilícito penal o meramente administrativo. Ese itinerario legislativo ha convertido el texto del Código Penal en un kafkiano sudoku para conocer la norma aplicable más favorable, a la vez que ha generado un caos sistemático en lo relativo a la proporcionalidad de las penas asignadas a unas conductas u otras.

Ha llegado la hora de acometer una labor de saneamiento integral del Código Penal para que éste obedezca a principios de última ratio e intervención mínima. Habida cuenta de su importancia, se le debe sustraer de la mera lucha partidaria, procurando que cada modificación se haga con la debida reflexión y mesura, con el objetivo alcanzar el mayor consenso posible.

Eduardo Torres-Dulce Lifante, profesor de Derecho Penal, fue Fiscal General del Estado entre 2011 y 2014.

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CIEN AÑOS DESPUÉS

JOSE LUIS PARDO

En el año recién terminado han pasado casi inadvertidos los centenarios de la toma del Palacio de Invierno y la presentación del urinario ‘Fuente’. Dos tentativas de subversión en una misma atmósfera: el fin del mundo moderno

Cien años después
RAQUEL MARÍN

Ay, qué pesado, qué pesado

Siempre pensando en el pasado

Se nos ha ido un año tan lleno de convulsiones, contusiones y sainetes que la palpitante y siempre tiránica actualidad ha hecho que nos pasaran casi inadvertidos, entre muchos otros, dos centenarios que en otras circunstancias habrían dado bastante que hablar. Uno, el que a primera vista parece más serio, es el de la toma del Palacio de Invierno de San Petersburgo por el Ejército Rojo, que dio pie al establecimiento de la URSS. Este hecho extrae ante todo su seriedad, como todas las revoluciones políticas, del elevado número de cadáveres con los que abona el campo de batalla (y que a medida que crece hace más difícil admitir que los que murieron lo hicieron “para nada”), pero le añade a esta gravedad histórica una seriedad moral: la de haber supuesto, para muchísimas personas y durante muchísimo tiempo, un foco de esperanza política que señalaba a la humanidad el camino de su futuro.

¿El que hayamos pasado como de puntillas sobre este centenario se debe solamente a que ya no existe la Unión Soviética y, por lo tanto, el foco ha desaparecido, llevándose con él el prometido final feliz de la historia universal? No creo que este sea el principal motivo, sobre todo porque el final del “socialismo real” ha coincidido con una cierta revitalización del comunismo, al menos como vocablo, que intenta por todos los medios desprenderse de su funesto pasado histórico y engancharse a las nuevas circunstancias. Pienso más bien que la causa fundamental de la ausencia de conmemoración de la revolución de octubre es la infinita vergüenza que produce, sobre todo en el ámbito intelectual y de la opinión en general, el haber permanecido ciegos durante décadas y décadas ante la evidencia hoy irrefutable de lo que fue aquel “socialismo real”, que hoy aún reconocemos en los Estados comunistas residuales como China, Cuba o Corea del Norte y sus adláteres, en los que lejos de ver un estadio “degradado” del proyecto comunista podemos experimentar en vivo la cruda realidad de lo que fue desde el principio aquel “socialismo” en el que ya en 1920, en su visita a Lenin, Fernando de los Ríos vio “las tenebrosidades de un mundo policíaco”. Incluso podría suceder que el alboroto con el que hoy nos escandalizamos ante las “posverdades” que fabrican los gabinetes de prensa especializados en producir “hechos alternativos” para justificar ciertas políticas nos oculte, más o menos interesadamente, la facilidad con la cual durante tanto tiempo las élites culturales y los líderes de opinión occidentales contribuyeron, amparados en una racionalidad moral superior, a negar una siniestra realidad que conocían bien, convirtiéndose en aliados objetivos de los aparatos de propaganda de esos regímenes policíacos.

El otro centenario ha sido el de la presentación, por parte de Marcel Duchamp, de un urinario firmado con el seudónimo de Richard Mutt y bautizado como Fuente a una exposición de artistas independientes en una galería de arte de Nueva York. Comparado con la revolución de octubre, este “atentado simbólico” puede parecer solamente una broma (aunque una broma pesada), como sin duda se lo pareció a muchos de sus contemporáneos, quién sabe si también a su propio autor. Pero el caso es que, andando el tiempo, y mucho después de su desaparición material, ha llegado a ser considerado como la obra de arte más influyente del siglo XX, según dictamen de 500 expertos internacionales en el año 2004. Y ello no sólo porque representa el gesto fundador del arte conceptual, sino porque acaso resume mejor que otras piezas la intención profunda de las vanguardias históricas, convertidas hoy en una suerte de clasicismo del arte contemporáneo. Se diría que no existe entre estos dos hechos revolucionarios más relación que la de que el azar los ha reunido en el mismo año.

Y sin embargo se trata de dos tentativas de subversión inmersas en una misma atmósfera: la que anunciaba, con el telón de fondo de la guerra mundial, el final del mundo moderno (de lo que entonces se llamaba “la sociedad burguesa”) y su sustitución por otro diferente y mejor. En segundo lugar, así como la revolución de octubre no pretendía ser una revolución política entre otras, sino la que pondría fin a la política en cuanto tal (ya que culminaría con la desaparición del Estado, que es el marco que en la modernidad confiere sentido al término “política”), tampoco la revolución vanguardista quería ser una revolución artística más (como lo habrían sido el barroco o el neoclasicismo), sino que aspiraba a terminar con el arte como institución y como esfera diferenciada para diluirlo en la vida común, del mismo modo que el comunismo prometía, en palabras de Lenin, abolir la diferencia entre una cocinera y un jefe de Estado. Por último, el estadio histórico-cultural que ambas revoluciones querían superar es en los dos casos lo que hemos dado en llamar la representación; y aunque no se puedan identificar de forma simple la representación estética y la representación política, ambas aluden a todo un entramado de mediaciones (el parlamento y la separación de poderes en un caso, la autonomía de los valores estéticos y la crítica de arte en el otro) que ese nuevo mundo post-burgués vendría a invalidar mediante el paradigma de la inmediatez. Y a todo ello ha de añadirse que, durante la primera mitad del siglo pasado, las complicidades, connivencias, alianzas y dobles militancias entre los miembros de los ismos políticos y los de los artísticos fueron moneda corriente y hasta casi obligatoria en algunos períodos concretos.

Pero, ¿no se podría objetar que, pese a todo, la revolución de octubre fracasó, mientras que la revolución de Duchamp ha tenido éxito? No es tan seguro. Las dos revoluciones fracasaron en la medida en que el mundo post-moderno del que se consideraban la avanzadilla no llegó a existir o, lo que es peor, sólo pudo hacerlo con los tintes infernales del totalitarismo. Pero ambas nos han dejado como herencia el síndrome de “despreciar al burgués” (hoy convertido en “despreciar al ciudadano”, que después de todo es lo que significaba “burgués”), junto con una desconfianza frente a la representación pública y artística y una nostalgia de la inmediatez estética y política que ha dado lugar a un linaje de artistas incómodos en su propia condición, de la que les gustaría liberarse, y a otro de políticos que habitan las instituciones representativas al mismo tiempo que las ponen en entredicho. Y a lo mejor la discreción con la que hemos atravesado estos dos centenarios tiene que ver con un cierto y comprensible afán de cubrir nuestras vergüenzas que, sin embargo, podría conllevar una desagradable falta de reflexión sobre nuestro pasado y, en definitiva, un déficit de explicación con nosotros mismos y con el porvenir de las sociedades de nuestro tiempo.

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¿DEMOCRACIA CONTRA DEMOCRACIA?

Los tiempos interesantes están convirtiéndose a ojos vista en aquello que suelen ser: tiempos peligrosos. Desde el atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001, se diría que nos hemos adentrado a ciegas en una época convulsa con rasgos propios de la ficción y asistimos extrañados a una sucesión de acontecimientos dignos de una ucronía política: de la crisis económica al Brexit, pasando por Trump y los ensayos nucleares norcoreanos. De hecho, es como si, tras abandonar el curso ordinario de la historia, la ucronía misma se hubiera convertido en nuestra realidad: un teatro del absurdo que tiene por banda sonora la cacofonía diaria de los comentaristas digitales. No es un símil desencaminado, pues hay días en que la política contemporánea parece materializar las fantasías de un troll.

Tiempos peligrosos, por tanto: para la convivencia pacífica, para la legalidad constitucional, para la democracia representativa. Podríamos decir que para la democracia sin adjetivos, pero la democracia es un concepto polisémico cuyo empleo suele requerir adjetivación. Otra cosa es que denominemos «democracia», a secas, al tipo de democracia que se ha convertido en dominante en la modernidad tardía: la representativa o constitucional o liberal. No está claro, sin embargo, que esta democracia equivalga a la democracia, por muy acostumbrados que estemos a ella. Es lo que Carlos Fernández Barbudo, joven investigador español, planteaba recientemente en uno de los famosos «hilos» de Twitter:

Democracia es un concepto político fundamental cuyo significado ha ido variando a lo largo de la historia. Muy mucho. Ante este tipo de conceptos no cabe buscar una definición exacta o auténtica. Cada vez que un actor político intenta definir «democracia», lo que está haciendo es actuar políticamente. ¿Qué significa esto? Pues que está intentando que su definición (aka su cosmovisión ideológica) prevalezca. Definir democracia es intentar mover a la sociedad a los postulados implícitos en esa definición.

Es lo que nos enseña la historia conceptual desarrollada por el historiador alemán Reinhart Koselleck, quien en la obra fundamental dedicada al asunto ‒los varios volúmenes de los Geschichtliche Grundbegriffe‒ rastrea junto a sus colaboradores el registro semántico de los grandes conceptos políticos para identificar sus distintos usos. En el caso de la democracia, evidentemente, la ambigüedad viene de serie: fuera cual fuera la práctica originaria en las sociedades premodernas, incluida la sofisticada Atenas, un régimen político que consiste en «el gobierno del pueblo» deja un margen considerable para la variación organizativa. Y lo que apunta oblicuamente Fernández Barbudo es que esa disputa semántica es la que estamos presenciando en España estos días a cuenta del enfrentamiento entre los partidarios del referéndum que habría de decidir sobre la secesión de Cataluña y quienes defienden una democracia constitucional de corte kelseniano en la que ese referéndum es ilegal. O, si se quiere, entre una democracia representativa y una democracia plebiscitaria.

Distintas declaraciones del presidente de la Generalitat catalana han dejado meridianamente clara su posición en esta disputa. El señor Puigdemont ha dicho, por ejemplo, que la democracia nada tiene que ver con los procedimientos, o que «los catalanes» no viven en una democracia «tal como la entendemos nosotros». Algo que, por lo demás, se puso de manifiesto con la dudosa aprobación en el Parlamento autonómico de una Ley de Transitoriedad que vulnera el orden legal vigente ‒tratando, de hecho, de suplantarlo‒ y se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Frente a los detalles procedimentales se plantaría nada menos que un pueblo, el pueblo catalán, cuya voluntad colectiva valdría más que todas las leyes del mundo. Otras pruebas de esta concepción «alternativa» de la democracia pueden hallarse en el dibujo de la hipotética república catalana que contiene la citada Ley de Transitoriedad, más cercana al llamado «iliberalismo» que al liberalismo en su debilitamiento de la separación de poderes.

Sucede que la contraposición de dos modelos de democracia ‒uno representativo y otro plebiscitario‒ antecede a la crisis catalana. Su origen se encuentra en la irrupción del populismo de derecha e izquierda que trae causa de la crisis y la consiguiente deslegitimación de las democracias liberales. Ante el fracaso de las «elites», se propone el gobierno directo del «pueblo»; como el gobierno directo del pueblo es imposible, su voluntad está mediada por la acción de un líder que la «interpreta» y traduce a políticas concretas. Y que, llegado el caso, realizará en la arquitectura institucional las modificaciones que sean necesarias para facilitar la relación directa entre el líder y el pueblo: eliminación o sometimiento de los órganos contramayoritarios (como el Banco Central), supresión o debilitamiento de la independencia de los tribunales, anulación de la división de poderes, limitaciones a la libertad de expresión, recuperación de la soberanía cedida a tratados internacionales (el Acuerdo de París en el caso norteamericano) u organismos multinacionales (como la Unión Europea), desarrollo de políticas destinadas a reforzar la cultura «propia» frente a contaminaciones exteriores. No todos los populismos son iguales y, por tanto, no todos estos rasgos iliberales habrán de estar presentes en la misma medida. Iliberal es aquí la palabra correcta, pues el populista alega que la democracia representativa es demasiado liberal y demasiado poco popular; razón por la cual procede a restarle liberalismo y a añadirle populismo.

Esta contraposición ha protagonizado el reciente intercambio de textos entre Iñigo Errejón y José María Lassalle en las páginas de El País, a cuenta del reciente libro que el segundo ha dedicado al populismo que el primero, lector atento de Ernesto Laclau, ha admitido en más de una ocasión practicar como actor político (Contra el populismo, Barcelona, Debate, 2017). Este tipo de conversación debería ser más frecuente en España, donde la tradición de las controversias públicas ha ido perdiéndose irremediablemente. En un país tan desapasionado como Alemania son, en cambio, frecuentes y, cosa impensable entre nosotros, a menudo con la participación cruzada de varios medios o alusiones positivas de Der Spiegel a algo que ha dicho el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En su breve pero enjundiosa monografía, Lassalle se refiere al populismo como a un «totalitarismo posmoderno»; uno de baja intensidad que se mantiene dentro de los confines de lo aceptable para la opinión pública. A su juicio, es claro que el populismo actual plantea un modelo de democracia alternativa: negando los patrones institucionales, representativos y legales del modelo vigente mientras ofrece otro que sobredimensiona la faceta popular (el demos de la demokratia) de la democracia. Es aquí donde entran en juego la gente, el pueblo o ‒en el caso catalán‒ la nación. Es un pueblo movilizado permanentemente contra un enemigo; justamente, contra los enemigos del pueblo: ya sean los banqueros, España o, al decir del Daily Mail, los jueces que reconocieron la competencia de la Cámara de los Comunes para votar el futuro acuerdo de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El decisionismo soberano de Carl Schmitt tiene aquí más peso que la legalidad que culmina en la Constitución descrita por Hans Kelsen: la movilización popular no puede entretenerse con la letra pequeña de los reglamentos. Pero, como sugiere Lassalle, el pueblo del populismo es representado de una forma particular: no como sujeto, sino como víctima. En buena medida, el discurso del populismo consiste en el señalamiento de los culpables, en la delimitación de un círculo de causantes de la desgracia ajena. Hay donde elegir; quien busca un enemigo a quien culpar de sus males siempre acabará por encontrarlo. En unos casos son las elites y, en otros, el sistema en abstracto; en el caso catalán, la malvada España. Los acentos sentimentales son obvios: basta sentirse víctima para ganarse el derecho a conducirse como una.

Iñigo Errejón afea a Lassalle que nada se diga en el libro sobre las causas que han provocado la ira popular. Más que un fenómeno emocional, viene a decirnos, estamos ante una respuesta racional al fracaso de las elites; elites que han operado en el interior del sistema para servir a sus propios intereses en detrimento de los derechos ciudadanos. En otras palabras, Lassalle «naturalizaría» un fenómeno que Errejón querría politizar, poniendo nombres y apellidos a las decisiones concretas que han conducido al estado de ánimo que canaliza el populismo. Para Errejón, eso es hacer política. El reproche es parcialmente justo: Lassalle dedica poca atención a la concatenación de errores ‒dolosos o no‒ que condujeron al crash de 2008. Pero no es menos cierto que semejante ejercicio de indagación corresponde a disciplinas distintas de la teoría política y que la propia literatura populista ‒a menudo lacaniana‒ se entrega al hermetismo teórico con más entusiasmo que a los datos socioeconómicos. Se advierte aquí un problema intrínseco al populismo, que al victimizar al pueblo niega que el pueblo tenga nada que ver con las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos a los que ese mismo pueblo vota, pasando por alto de paso que la conversación pública ‒cada vez más democrática‒ condiciona la acción de los gobiernos y penaliza a aquellos que adoptan medidas impopulares. Dicho esto, es conveniente saber qué demandas ciudadanas responden a injusticias o daños objetivables y cuáles, en cambio, expresan frustración o cólera debido a sucesos impredecibles o que constituyen el efecto colateral de procesos sociales más amplios: desde el cambio en los patrones demográficos a las transformaciones tecnológicas. No porque de esa manera estos cambios queden al margen de la acción política, sino porque la acción política no siempre puede anticiparlos o revertirlos sin producir daños distintos. El populismo suele trazar líneas causales simples allí donde sería más adecuado hablar de una causalidad compleja y actores que gozan de una información limitada sobre el efecto de sus acciones.

Asimismo, Errejón retoma una de las ideas más queridas al populismo, aun no siendo exclusiva del mismo: la de que existen épocas frías y calientes en la historia de las comunidades políticas. En las primeras, reina una aparente normalidad y las instituciones existentes gozan de legitimidad; en las segundas, surgen demandas populares ‒normalmente articuladas por un líder o partido‒ que no encuentran acomodo en esas instituciones y demandan su sustitución o ampliación. Errejón toma la idea de Bonnie Honig de que no hay consenso sin «excedente», o desacuerdo dejado al margen: las épocas fundacionales son aquellas en que retorna lo reprimido en forma de descontento popular. Son los tiempos «redentores» de la democracia, como los denomina Margaret Canovan. En ellos, sostiene Errejón, aparecen el pueblo o la gente que encarnan una «nueva voluntad colectiva». También la inquietud:

Es el momento fundacional de we the people que a los conservadores de distinto signo ideológico fascina cuando está escrito en un código o expuesto en un museo de historia, pero horroriza cuando asoma la cabeza en el presente.

En eso no le falta razón: las disrupciones del orden lucen mejor en los libros de historia y eso hace que el juicio político (o moral) sea más difícil para el observador contemporáneo, pues no acaba de saber qué tiene delante. Bien pueden ser reclamaciones legítimas que delatan fallas en el sistema representativo, bien una deficiente provisión de derechos. Pero también perturbaciones de otro tipo: la frustración derivada de unas expectativas infundadas (a menudo alimentadas por la competición electoral, que, por ejemplo, promete lo que no puede cumplir) o la agitación que produce la acción del líder populista. Ya que éste, mediante su performance, no se dirige un pueblo preexistente, sino que lo crea en el momento de nombrarlo. En cualquier caso, eso que llamamos «pueblo» parece ser

un imposible imprescindible: imposible porque la diversidad de nuestras sociedades ‒afortunadamente‒ nunca se cancela o cierra en una voluntad general plenamente unitaria y permanente, pero al mismo tiempo imprescindible, porque no existen sociedades sin mitos, relatos y metas compartidas.

En este mismo blog hemos descrito el pueblo como una metáfora triunfante pero imposible: una noción que sirve para adscribir la soberanía de que antaño gozaban los reyes al conjunto de los ciudadanos y recabar con ello legitimidad para el orden democrático, pero que no puede jamás actualizarse sino simbólicamente. El pueblo no existe, salvo porque creemos en él. La sociedad es demasiado plural y contiene intereses demasiado diversos para que algo parecido a un pueblo o a una voluntad popular pueda identificarse sin esfuerzo. Si todos los ciudadanos del mundo pudieran justificar racionalmente la existencia del Estado, no nos haría falta el pueblo; pero no es el caso y, por tanto, las alusiones al pueblo ‒o la nación‒ siguen presentes en el discurso político y los textos constitucionales. Qué tipo de orden político se funde sobre qué concepción del pueblo, en cambio, es asunto distinto. ¿No hablaba Hitler del Volk alemán para justificar su expansionismo militar? Más ambiguamente: ¿no ha servido la idea del «pueblo americano» para justificar hechos políticos tan diferentes como el genocidio de los indios, la guerra contra los nazis, el fin de la discriminación racial o el proteccionismo comercial? ¡Que pregunten a Bruce Springsteen, a quien todavía le dura el enfado por la apropiación reaganiana de Born in the USA!

Un problema de los «momentos calientes» es que no todos ellos son democráticos o progresistas: la lucha de Solidaridad contra el comunismo tiene su espejo invertido en el nacionalpopulismo del actual gobierno ultraconservador polaco. Y, sin necesidad de irnos muy lejos, nada más caliente ahora mismo que Cataluña, donde la institucionalidad existente (instaurada por la Constitución) está siendo dinamitada por un movimiento nacionalista que invoca la democracia con objeto de vulnerar la democracia. En la actual fase revolucionaria, el separatismo no duda en hostigar a los alcaldes que no se prestan a ceder dependencias municipales para celebrar el referéndum ilegal; y eso por mencionar apenas una de muchas lindezas que explican el silencio ‒más que espiral, embudo‒ de quienes son contrarios a la secesión.

En su breve réplica, precisamente, Lassalle defiende una legitimación fría de la democracia liberal que haga posible la construcción de un «nosotros» asentado en la diferencia. El populismo haría exactamente lo contrario y Laclau así lo señala: identifica a una parte del pueblo como el único pueblo legítimo. De nuevo, es lo que sucede con claridad de manual en el caso catalán: están los catalanes y están los enemigos de Cataluña, sean malos catalanes o, incluso ‒como leíamos en un tuit este pasado lunes‒, «españoles nacidos en Cataluña».. Aquí el nacionalismo demuestra haber sabido aprovechar las lecciones del populismo, inventándose un pueblo ‒«un solo poble»‒ allí donde hay una pluralidad de ciudadanos con preferencias e intereses diversos. O, si se quiere, inventándose una voluntad popular única allí donde ésta no existe. Su invocación, de hecho, trata de ocultar escandalosas diferencias entre distintos segmentos socioeconómicos: según datos de la propia Generalitat, solo el 41% de los catalanes son separatistas, y en las clases más bajas ese porcentaje baja al 27,6%, elevándose al 38,4% en la media-baja y al 45,6% en la clase media. Todos los pueblos el pueblo.

Seguramente Lassalle sea demasiado optimista y una legitimación puramente racional de las democracias liberales no sea todavía posible. No se equivoca, en cambio, cuando apunta hacia ese ideal y la necesidad de perseguirlo: evitando reforzar una nostalgia por el absoluto que rebrota con inquietante facilidad en el interior de las comunidades humanas. Y quizá, de hecho, podamos responder ahora de otro modo a la cuestión inicial: a la tesis conforme a la cual cuando distintos actores ponen sobre la mesa entendimientos distintos de lo que sea la democracia no hacen sino política o ideología, pues promuevem un modo de hacer democracia sobre los demás. No habría, entonces, democracia «auténtica».

Así es. Pero el atractivo teórico de la proposición parece desvanecerse cuando nos asomamos a la praxis política y vemos en qué consiste la democracia plebiscitaria del populismo que se presenta como una de las alternativas a la democracia liberal-representativa. Es entonces ‒a la vista de lo que sucede en Venezuela, o Polonia, o Cataluña‒, cuando recordamos que estas últimas no han sobrevivido históricamente por casualidad y que la existencia de contrapesos liberales destinados a limitar el alcance del gobierno popular tiene mucho sentido. Sobre todo: preservar el pluralismo social y garantizar los derechos individuales ante cualquier mitomanía colectivista, así como vincular el proceso político a procedimientos inclusivos que otorgan legitimidad a las leyes democráticas. No es poco, y cuando lo perdemos, nos parece mucho.

La democracia, en suma, tiene muchos significados potenciales. Pero renunciar a lo que nos enseña la experiencia histórica sobre el desenvolvimiento de sus distintos modelos es imprudente. Y si nos ha enseñado algo sobre la democracia plebiscitaria (¡no digamos sobre el nacionalismo!), es que resulta preferible leer sobre ella a sufrir las consecuencias de su puesta en práctica. Salvo que uno se aburra y desee vivir en tiempos interesantes, aunque sean ‒también‒ peligrosos.

20/09/2017

manuel arias maldonado

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¿HACIA UN CONFLICTO NUCLEAR?

Corea del Norte-Estados Unidos, hacia un conflicto nuclear

 

Rafael Fraguas ||

Periodista y sociólogo ||

La guerra ideológica y psicológica que antecede a todo conflicto bélico ha estallado ya entre Corea del Norte y Estados Unidos. De su evolución o freno va a depender la viabilidad -o no- de una temible confrontación militar abierta, ya que se libraría, muy probablemente, esgrimiendo el empleo de armas nucleares. El actual conflicto entre Pyongyang y Washington exige hoy, por ello, analizar detenidamente la información que llega de la zona, para poder descubrir qué aspectos son mera propaganda unilateral de cada contendiente y cuáles pertenecen a la realidad objetiva.

 

Corea del Norte es uno de los países más desconocidos de la Tierra. Cuenta con más de 24 millones de habitantes. Ocupa un territorio de 120.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de la extensión de la península asiática septentrional coreana, situada entre los mares Amarillo y del Japón, con límites terrestres con Rusia y China. Una quinta parte del país, de textura agroindustrial, incluye tierra cultivable. De consistente homogeneidad étnica, el país ha sufrido graves desastres naturales que han refrenado su desarrollo, semejante al de otros países asiáticos evolucionados, hasta mediados los años 70 del siglo anterior.

Su sistema político se define como una República Popular Democrática; cuenta formalmente con varios partidos políticos, siendo el hegemónico el Partido de los Trabajadores, nacional-comunista. Su economía está estatalizada casi al completo, con servicios sanitarios y educativos gratuitos. Su población está alfabetizada al 100%. Su líder es Kim Jong un -hijo menor de Kim Jon il, muerto en 2011-, y nieto de Kim Il Sung, líder histórico carismático, mentor de la idea Zuche. Se trata de una teoría-práctica ideo-política, con elementos del antiimperialismo, el comunismo, el nacionalismo y las religiones ancestrales, con el acento en el carácter de masas del régimen. Posee un ejército considerado entre los más numerosos del mundo: en torno a 1.100.000 efectivos más varios cuerpos paramilitares y voluntarios que multiplican varias veces este contingente.

La información sobre Corea del Norte, siempre excesivamente sesgada y criminalizada por medios occidentales, tropieza de entrada con dos importantes obstáculos políticos, a saber: la impenetrabilidad informativa del régimen de Pyongyang, capital norcoreana; y una actitud estadounidense de apagón informativo o de extremada descalificación al respecto, según los casos, cimentados ambos en el designio hegemónico de Estados Unidos hacia Asia, iniciado en Corea con su presencia militar directa en la península asiática desde 1950, coincidente con el estallido de la llamada Guerra de Corea. Cinco años antes, en agosto de 1945, Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas sobre las populosas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo que causó más de 150.000 muertes instantáneas en dos días consecutivos, hechos que acrecentaron la hostilidad continental, señaladamente la coreana, hacia Washington, que demostró de tal manera su poderío como superpotencia inaugurando la llamada Guerra Fría.

Hasta 1953 y durante tres años, la península septentrional asiática de Corea fue escenario de una cruenta guerra civil con la presencia directa de tropas norteamericanas e internacionales, bajo mandato de la ONU, sobre el territorio coreano, así como por contingentes militares chinos y armamento soviético que apoyaban al  dirigente comunista, Kim Il Sung; este líder guerrillero nacionalista dirigió la lucha popular contra la ocupación japonesa de Corea durante la Segunda Guerra Mundial y fue el  mentor de un rotundo mensaje ideo-político antiestadounidense.

El ascendiente ruso y chino sobre Corea del Norte concede a China y Rusia un evidente margen negociador para disuadir a los Estados Unidos y también a Corea del Norte de una intervención militar-nuclear en la conflictiva península asiática.

La Guerra de Corea (1950-1953) quedó en tablas. La Casa Blanca destituyó en 1951 al general Douglas Mc Arthur, destacado anticomunista y comandante en jefe de las fuerzas allí destacadas, que había pedido al Presidente Harry Salomón Truman, al que profesaba abierta enemistad, arrasar Corea del Norte con armas nucleares. La guerra culminó con la partición del país en dos a lo largo del paralelo 38 y con el establecimiento de un régimen capitalista y pro-estadounidense al Sur, con capital en Seúl, y un régimen comunista al Norte, con capital en Pyongyang, apoyado por Pekín y Moscú. Tras la descomposición de la URSS, China y Rusia han tomado cierta distancia respecto de Pyongyang, pero conservan allí notable ascendiente. Aquella enemistad norcoreana-estadounidense prosigue con intensidad intermitente hasta nuestros días.

 

Escalada

En líneas generales el esquema del conflicto se expresa así: Corea del Norte, a través de su líder desde 2011, Kim Jong Un, despliega una política con la que va escalando los peldaños de una carrera para acrecentar su dotación de armamento nuclear; con plutonio obtenido en su central nuclear de Yongbyon, podría disponer, al menos, de una quincena de armas nucleares; mientras tanto, realiza pruebas con misiles de alcance medio, Nodong, y largo, Tepodong-2; con uno y otros, amaga amenazar enclaves estadounidenses, en principio en el océano Pacífico, como la base militar isleña de Guam, otrora posesión oceánica española; a finales de agosto de este año, Corea del Norte atemorizó a Japón con el lanzamiento y sobrevuelo de un proyectil balístico provisto de una ojiva, presumiblemente del tipo Taepodong-2, por encima del principal aliado de Washington en Asia, el país nipón; el misil cayó sobre el mar a unos 1.080 kilómetros de la costa oriental japonesa.

Y, más recientemente, el 3 de septiembre de 2017, dos movimientos sísmicos consecutivos, de al menos 5,7 y 4,6 grados de intensidad en la escala de Richter, registrados a nivel de la cota del suelo en las inmediaciones del polígono de experimentación nuclear de Punggye-ri, a 350 kilómetros al noreste de la capital norcoreana, permitieron asegurar que Corea del Norte había detonado una bomba de Hidrógeno, en la que sería su sexta prueba con armas nucleares reales. Pyongiang confirmó horas después el experimento, en el que podría haber deflagrado una potencia explosiva de decenas de megatones, según algunos expertos. Empero, tal proximidad de explosiones podría significar o bien un accidente consecutivo a la primera deflagración, o bien un sabotaje para impedir la prosecución de más pruebas de este tipo.

Kim Jong Un inspecciona lo que Pyongyang cataloga como su última bomba de hidrógeno.

 

Precedentes

Estados Unidos había determinado a partir de 2008 un riguroso bloqueo económico y tecnológico sobre Pyongyang, secundado por Corea del Sur, más Japón, Suiza, México y Australia. No obstante, los embargos aceleraron la carrera nuclear norcoreana a la que actualmente asistimos. Washington ha desplegado asimismo consecutivas maniobras militares conjuntas con su aliado surcoreano en las inmediaciones de la frontera con Corea del Norte, mientras se apoya en Japón y moviliza alianzas internacionales para truncar los aparentemente indescifrables planes norcoreanos.

El precedente de la actual escalada nuclear se inició el 9 de octubre de 2006 con la primera prueba nuclear norcoreana, con una potencia estimada entre 0,5 y 0,8 kilotones, aunque se proponía alcanzar otra, de hasta 4 kilotones; de ella dio cuenta al Gobierno de su vecina China con 20 minutos de antelación. Así lo ha escrito Wade L. Huntley, del Simons Centre de Disarmament and Non-Proliferation del Instituto Liu de la Universidad canadiense de Columbia británica.

Ya en 1985, el régimen norcoreano se había adherido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TPN). Desde el siguiente año, se cree que acumulaba plutonio procedente de la central de Yongbyon, en una cantidad estimada entre 27 y 29 kilos para el año 1994; empero, en el mismo año se firmó un acuerdo-marco entre Estados Unidos y Corea del Norte, que determinó el cierre de la central de Yongbyon y el precinto de las 8.000 barras de combustible allí irradiado. En 1992, Pyongyang y Seúl habían firmado otro acuerdo para mantener la península coreana libre de armas nucleares. El programa nuclear norcoreano quedó así detenido entre los años 1997 y 2002.

En 2002, tras ser acusado el régimen norcoreano de reiniciar un ulterior programa nuclear a base de uranio, el acuerdo con Estados Unidos quedó roto y Corea del Norte abandonó el Tratado de No Proliferación, en el primer caso oficial de salida del TNP por parte de un país miembro. Tras recibir sanciones de la ONU, un año después, Pyongyang decidió poner en marcha de nuevo el reactor de Yungbyon, que iba a ser ampliado hasta una capacidad de 50 megavatios de los 5 iniciales, y comenzó el reprocesamiento del plutonio almacenado hasta entonces.

La posible anteposición de los intereses propiamente japoneses por una paz con Corea del Norte respecto de los intereses estadounidenses en Asia causa dolores de cabeza a la diplomacia norteamericana.

Bloqueo-escalada

El contexto geopolítico en el que se desarrolló esta escalada hasta nuestros días tuvo su origen en distintos hechos. Uno de los principales se atribuía a los efectos internos de los bloqueos económicos y tecnológicos externos impuestos a Corea del Norte por su conducta nuclear, que causaron el agravamiento de una crisis humanitaria sin precedentes tras la pérdida de, al menos, 200.000 de sus habitantes durante una hambruna desencadenada por desastres naturales, cuyos efectos devastadores el boicoteo impuesto desde el exterior impidió paliar.

Tiempo después, los cambios operados por el presidente George Bush en 2008 respecto a Corea del Norte, a la que unilateralmente exigió zanjar su política nuclear y amenazó con nuevos bloqueos financieros y de importaciones, intensificaron sobremanera las tensiones. En 2010, con la llegada al Gobierno de Corea del Sur del ex empresario Lee Myung bak, alcalde de Seúl, este puso fin a diez años de parcial distensión con Corea del Norte mediante una política de colaboración exigua, reducida a contrapartidas muy estrictamente delimitadas.

Desde esas fechas, la acentuación  acelerada de la confrontación con Estados Unidos y Corea del Sur, así como con Japón en menor escala, se ha intensificado. Analistas y observadores se preguntan qué propósito hay, en verdad, detrás de la carrera nuclear norcoreana. Todo el mundo sabe que el empleo de las armas nucleares acarrearía respuestas consecutivas, con desenlaces devastadores e inciertos sobre quienes se decidan a emplearlas. Por ello, todo apunta a que el régimen norcoreano no solo persigue hacerse un lugar -que ya casi ha logrado-, en el club nuclear mundial, junto a las cinco grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, más la India, Pakistán e Israel; el régimen de Kim-Jong-un se propone establecer una confrontación asimétrica con el gigante geopolítico estadounidense, lid que permite a quien la despliega mantener en jaque a su superior rival sobre la base de la amenaza de una destrucción mutua, total o parcial, asegurada por el eventual empleo de armas nucleares, todas ellas devastadoras.

Tal asimetría resulta, al cabo, mucho más gravosa para la superpotencia que la afronta, por cuanto que la extensión de los intereses que defiende, en población y recursos, es muy superior a la del adversario, de proporción mucho menor. Por ello, mantener ese desnivel asimétrico proporciona al inductor de este tipo de estratagema un poder creciente respecto de una negociación, poder que solo puede ser conjurado, en este caso, mediante la eliminación de Kim Jong un y la de su régimen, en el cual, aparentemente, no se observan fisuras.

Otro factor a tener en cuenta es la histórica vinculación de Pyongyang con Pekín, que en ocasiones empleó su ascendiente sobre Corea del Norte para amagar, a través suyo, a terceros países, incluido Estados Unidos. China, sin duda, como primera potencia asiática y país fronterizo con  Corea del Norte, se vería involucrada en la contienda, extremo que Washington no parece por el momento desear. Sin embargo, desde la guerra de Vietnam, es constante su política de tensión y rivalidad en torno al bajo vientre marítimo de China, a la cual disputa allí la hegemonía naval en torno a las islas Paracelso y Spratley, de alto valor estratégico para el control del área y del Pacífico central. Taiwan, la antigua isla de Formosa, situada en el Mar de China, aliado de Estados Unidos en la zona, es el reducto del nacionalismo anticomunista chino de Chiang Kai chek, expulsado militarmente del continente por las tropas de Mao Tse tung antes de la proclamación de la República Popular comunista, en 1949.

Por otra parte, la pequeña franja fronteriza de Corea del Norte con la Siberia rusa involucra igualmente en el conflicto a Moscú que, históricamente, mantuvo lazos muy estrechos con Pyongyang. Con todo, el ascendiente ruso y chino sobre Corea del Norte concede a China y Rusia un evidente margen negociador para disuadir a los Estados Unidos y también a Corea del Norte de una intervención militar-nuclear en la conflictiva península asiática. Toda solución al conflicto, pasa asimismo por Pekín y Moscú, ambas potencias nucleares.

A su vez, la posible anteposición de los intereses propiamente japoneses por una paz con Corea del Norte respecto de los intereses estadounidenses en Asia, ahora que Tokio ansía más autonomía respecto de Washington, causa dolores de cabeza a la diplomacia norteamericana: se halla confrontada por un potente impulso aislacionista a la retirada de algunos escenarios internacionales, conforme a los deseos del actual inquilino de la Casa Blanca. Donald Trump afronta en esta crisis una prueba decisiva para su mandato ya que, o bien le puede permitir concentrar energías en un enemigo exterior que mitigue los graves conflictos interiores que encara, o bien le puede arrastrar, si no sortea el trance adecuadamente, hasta una escalada nuclear capaz de acabar no solo con él, su presidencia y su gente, sino también con casi tod@s nosotros.

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Los medios del Movimiento Nacional

No estaba entre mis intenciones escribir sobre la situación en Cataluña. Imaginaba que un lector habitual estaría ya saturado y poco se podía añadir a lo ya dicho. Cambié de opinión a partir de varios artículos que me han conmovido y que parecen exigir cierto grado de compromiso. Basta citar los de Màrius Carol, de Xavier Vidal-Folch y el sensible y rotundo de Isabel Coixet. No podemos callar aunque estemos en pleno agobio veraniego y tengamos la sensación de que vivimos entre camellos pero sin ninguna experiencia de beduinos. Los artículos son un llamamiento a la responsabilidad y dejan una agridulce sensación de que estamos en un callejón de difícil salida a la que nos han llevado los talibanes que nos gobiernan y sus jaleadores, ¡que no supimos desenmascarar a tiempo!
Conozco a Màrius Carol desde hace años; fuimos amigos durante algún tiempo y luego dejamos de serlo. Punto. Me es indiferente que sea el director de este periódico, porque a lo que voy es a que su artículo del sábado –“Turbulencias”- me conmovió y al tiempo me lleno de zozobra. “Cuesta entender lo que está pasando, dice…Quedan días y veremos más cosas que no sorprenderán al mundo, pero sí que nos dejarán sin palabras a los catalanes”. No es una amenaza sino un desconsuelo que pretende aliviar una cita del socorrido Gaziel, que acaba en una frase inexorable: “El separatismo es una ilusión morbosa que encubre una absoluta impotencia”.
Escrito todo esto por quien tiene muchas razones para conocer la situación mejor que yo, no deja de inquietar y de obligarnos a postergar otros textos para asumir lo que se nos viene encima. Cuando el tiempo pase, nadie querrá asumir nada, y repetirán, como en antiguas épocas, “ yo era un disidente al que nadie quería hacer caso”. Los “nadies” en Cataluña se cuentan por miles y kilos de desvergüenza. Como en el resto de España, más o menos. Los muchachos de la CUP, más ignorantes que jóvenes, han cometido una patochada que les define. Un cartel de Franco para desprestigiar a quienes rechazan el referéndum. No hay dictador en la historia de España que haya convocado tantos referéndums como Franco y con un avasallador parecido con este en cuanto a las manipulaciones.
Entre el pasado sábado y éste ha ocurrido algo sumamente grave, dentro de las diversas gravedades de un proceso condenado al fracaso. No como dicen los fantasmas llamándolo “choque de trenes” sino a la ruptura brutal de la sociedad civil ¡No seamos petulantes, aquí no se trata de un choque de trenes, sino del enfrentamiento entre un expreso antiguo y apolillado, frente a un tranvía conducido por reclutas del servicio de transportes! Humildad por favor, abandonemos de una maldita vez el pujolismo de los delincuentes de altura y admitamos que somos un tranvía con aspiraciones de tren bala japonés.
Ahora bien, el cese de Albert Batlle como jefe de los mossos d’Esquadra y su sustitución por el delincuente legal, Joaquin Forn, –podría llamarse así a aquel que rompe la legalidad cuando le peta en función de sus intereses
políticos-. Lo hizo en los Juegos Olímpicos del 92; la pitada al Rey; la campaña “Freedom for Catalunya”…Es decir, que a partir de ahora, quien controlará los Mossos d’Esquadra es un tipo dentro de toda sospecha, que no cumplirá la legalidad que no le exijan los ilegales. No quisiera incluir aquí su amplio currículo como talibán de la barretina.
Estamos en manos de un personal que bordea la ley, y que lo hace con el ánimo de no sólo de incumplirla, sino de imponer la suya, que no es otra que ir a la ruptura y provocar un conflicto no sólo cívico sino violento. Necesitan algún muerto que sirva de símbolo a la asonada. En ocasiones pienso que estamos rememorando las guerras carlistas a los que son tan agradecidos gran parte de estos fanáticos del enfrentamiento. “Un muerto salvaría a Cataluña”, es el lema escondido entre los conspiradores de esta farsa.
Baste decir que Artur Mas confiesa a los suyos que llegará el momento oportuno de ocupar los edificios estratégicos de Barcelona. Seamos serios, con un líder de mando único como Joaquín Forn, eso obligaría a situaciones sin salida y de alto riesgo para vidas y haciendas, no sólo para la ciudadanía pastueña que ve el panorama como si no fuera con ellos.
Nunca se hizo tan evidente, desde los tiempos del franquismo, el dilema de estar con el poder o contra el poder. Y aquí entramos los plumillas. Los fondos destinados a diarios como ‘Ara’, ‘Punt Diari’, TV3, que superan Canal Sur de Andalucía o el canal de Madrid, que ya es decir, cantidades de todos modos exorbitantes que pagamos todos los ciudadanos, desde Cádiz a Girona, y donde sobreviven 7 directivos de TV3 con salarios superiores a los 100.000 euros, podrán parecer una nadería frente a las estafas reiteradas del PP, pero describen un paisaje. Cobrando eso, ¡cómo no voy a ser independentista! ¡Qué simples somos cuando decimos que esos medios no los ve ni los lee nadie! Se equivocan y por eso estamos donde estamos. El columnistatertuliano podrá ser despreciado, y lo merece, pero crea opinión. En muchos casos es su única fuente de información. Son los Jiménez Losantos del Movimiento Nacional catalán. ¿Acaso el viejo “Arriba” del franquismo, o ‘Pueblo’, o las agencias gubernamentales las leía alguien? Pero estaban ahí, presentes, supurando la bilis contra el enemigo. Ayer como hoy. Son una especie de diarios virtuales, anónimos, a los que los idiotas echan una ojeada que les basta para saber por dónde va la cosa. Perdónenme que eche mano de la memoria, mi pariente más querida. ¿Se acuerdan del exilio de Joan Manuel Serrat en México durante el franquismo? ¿Qué cosas venenosas no se dijeron y tanto en los medios de Barcelona como en los de toda España? ¿Quieren que les haga un repaso de las cartas al director en la prensa catalana? Por cierto, que entonces esa bazofia se firmaba; ahora los canallas son anónimos.
Mi viejo amigo el nacionalista vasco Iñaki Anasagasti inventó el feliz término de la “Brunete mediática” para designar ese macizo de la raza castizo de la pluma y la palabra, que embiste contra todo lo que ni le gusta ni entiende. Habría que recuperar ahora los Nuevos Medios del Movimiento Nacional catalán. Te crujen por una disidencia, por una opinión que no sea la de las instituciones corruptas de la Generalitat. ¿Se han fijado en el interés reiterativo en las fotos de Pujol hecho un pimpollo, como si apenas hubiera salido del juzgado o de la Generalitat? Un intocable. Casi siciliano, entre Toto Riina y Berlusconi. Se ha iniciado su recuperación. Los edecanes de antaño
reivindican al Padrino. “¡Hizo tanto por nosotros!” Tanto, tanto que se convirtieron en una familia de comisionistas.
Nos vamos al carajo, señoras y caballeros, pero la diferencia entre Patria y Patrimonio se mantendrá intacta. Es lo que suele ocurrir con este tipo de contrarrevoluciones pletóricas de banderas, que siempre están pensando en el mañana. El presente siempre queda para los sicarios y los tontos inútiles

GREGORIO MORAN

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LA MILITANCIA HA GANADO, AHORA A TRABAJAR

 

Los resultados definitivos de las Primarias del PSOE cierran una larga etapa de enfrentamientos dialécticos y abren un nuevo y esperanzador escenario que culminará con la celebración del 39º Congreso los próximos días 17 y 18 de junio. El Congreso deberá aprobar las resoluciones políticas que marcarán el trabajo partidario de los próximos cuatro años, además de ratificar a Pedro Sánchez como nuevo secretario general y elegir a la comisión ejecutiva federal que tendrá la misión de aplicar las resoluciones congresuales. En un primer análisis de urgencia, lo más destacable de estas Primarias han sido, sobre todo, la espectacular movilización (sin precedentes) de la militancia; el triunfo rotundo e incontestable de Pedro Sánchez (ha superado el 50% de los votos); el esperado y fuerte rechazo al PP (el “No es No”); el fracaso de la apuesta de Susana Díaz (sólo gana en Andalucía) y de muchos Barones y ex responsables partidarios e institucionales; así como de la Gestora, descaradamente partidaria de la candidatura de Susana Díaz. Fuera del PSOE, ha sido muy significativa la participación activa (y verdaderamente intolerable) de algunos medios de comunicación -particularmente de El País-, que ha sido motivo de comentarios extremadamente desfavorables para este diario, en otros momentos referencia para los ciudadanos más progresistas de nuestro país.

Como se pudo comprobar en el reciente debate entre los tres candidatos, la principal crítica que se ha venido haciendo a Pedro Sánchez es que perdió las dos últimas elecciones generales celebradas, siendo secretario general del partido, a pesar de que fue elegido a través de Primarias. Esta crítica (interesada) ha sido rechazada sin paliativos por los militantes, carece de un mínimo rigor, parte de un diagnóstico simplista y equivocado y significa, sobre todo, un insulto a la inteligencia; simplemente, porque todo el mundo sabe que el problema del PSOE viene de muchos años atrás e involucra a muchas personas. La pérdida de Pedro fue la pérdida de todo el PSOE y, por lo tanto, de todos los responsables de las agrupaciones de CCAA y provincias y demostró que lo ocurrido en el PSOE no ha sido diferente de lo acontecido en los partidos socialdemócratas de Grecia, Italia, Reino Unido, España, Holanda y, más recientemente, de Francia y Alemania. La pérdida de votos en estos países tiene relación directa con las políticas socio liberales llevadas a cabo por los partidos o gobiernos socialistas y, particularmente, por la negativa y controvertida gestión de la pasada crisis económica (en mayo de 2010, Zapatero abrazó y aplicó -sin ningún tipo de consulta- las políticas impuestas por Bruselas). La socialdemocracia no ha sido capaz de presentar una alternativa rigurosa y creíble a las políticas de austeridad y, en la práctica, ha convivido con ellas, sin diferenciarse de las políticas de la derecha y de las alternativas que han propuesto los sectores económicos y financieros, que han sido, precisamente, los causantes de la crisis.

En definitiva, el sentir de mucha gente es que los partidos socialdemócratas no han encabezado con eficacia la lucha contra las desigualdades y eso puede explicar que hayan sido abandonados, en buena medida, por el subproletariado. También se han visto abandonados por una clase media asustada y temerosa, ante la posibilidad de que se incrementen los ingresos fiscales para financiar el aumento del gasto social, al margen de que la clase media ha sufrido el rigor y los efectos de la crisis y el desempleo. Por si esto fuera poco, los partidos socialdemócratas han carecido de referencias y de liderazgos creíbles en la UE, han sufrido la desconexión de los sindicatos y el desapego de las fuerzas emergentes, especialmente críticas ante la timorata y ambigua contestación hacia las políticas neoliberales.

En España, el problema resulta más complejo por la aparición de otros partidos políticos, tanto a la derecha del PP (Ciudadanos), como a la izquierda del PSOE (Podemos), lo que ha terminado por consolidar un mapa político a cuatro que, previsiblemente, relegará definitivamente a un lugar secundario al “bipartidismo” (PP-PSOE) que ha gobernado en España en los últimos 37 años. En este marco, no es nada previsible que el PSOE se pueda situar, en unas futuras elecciones, en el entorno del 40% de los votos (mayoría absoluta), lo que le permitiría gobernar en solitario, al margen de quien fuera el secretario general. De confirmarse este supuesto, el PSOE no tiene más que dos alternativas para gobernar o, simplemente, para hacer una oposición real: la primera sería pactar con la derecha (con Ciudadanos y eventualmente con el PP) y la segunda con Podemos y, si es necesario, con Ciudadanos y con los partidos nacionalistas, a pesar de que Podemos y algunas formaciones nacionalistas cada día lo están poniendo más difícil en su carrera hacia la hegemonía dentro de la izquierda y sus actitudes independentistas. Todo lo demás resulta un brindis al sol y nos conduce inexorablemente a la melancolía, cuando no a la mentira, la frustración y al alejamiento de la realidad social y, lo que es peor, de los electores.

En todo caso, el próximo Congreso del PSOE cerrará definitivamente el debate sobre el liderazgo y, por lo tanto, deberá emprender el camino marcado por nuestra memoria histórica y por los principios éticos de nuestros fundadores (resumidos en un concepto muy querido por todos los afiliados: “el pablismo”). Esta descomunal tarea no se hace en dos días, porque la recuperación de la credibilidad y de la confianza perdida requiere tiempo, trabajo, tomar decisiones arriesgadas y mucha paciencia. El futuro está en los jóvenes (actualmente con un futuro incierto y un lastimoso presente), las mujeres, los colectivos marginados y excluidos de la sociedad, los ciudadanos de las grandes ciudades, las gentes de la cultura y de la universidad, así como en las fuerzas emergentes. Paralelamente a todo ello, es el momento de defender las ideas socialdemócratas sin complejos, con entusiasmo e ilusión. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales -movilizando a la izquierda sociológica y a los diversos colectivos sociales- sin recurrir a las políticas de centro o terceras vías siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo falta un partido fuerte y representativo que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social. Estamos convencidos de que estas ideas son las más apropiadas para combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y, desde luego, para oponerse a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad. También son las políticas más eficaces para defender los intereses de los que más han sufrido las consecuencias de la crisis, que son, precisamente, a los que se debe dirigir una política de izquierdas claramente diferenciada de las rancias recetas ya fracasadas que nos ofrece la derecha neoliberal, con el agravante de que en nuestro país estas recetas se han visto muy beneficiadas en su aplicación por la tremenda y escandalosa corrupción montada en torno a la financiación del PP.

Por eso, y después del congreso, las primeras medidas a llevar a cabo deben estar encaminadas a superar los grandes destrozos causados por las políticas de austeridad y, en particular, a derogar la reforma laboral: recuperar la negociación colectiva, los derechos perdidos y aumentar los salarios para que el crecimiento económico llegue a todos los ciudadanos. En todo caso, debemos constatar que no estamos ante una crisis coyuntural. Se trata de una crisis de valores, de una crisis medioambiental y política que nos está conduciendo a un auténtico desmantelamiento de la democracia. Por lo tanto, su solución requiere un cambio radical en los modos de producir, de consumir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de relación con los demás seres humanos y con la naturaleza. Esto requiere debatir a fondo, de una vez por todas, sobre “el empleo y el futuro del trabajo” en un mundo globalizado, digital y súper comunicado; también sobre “el reparto del trabajo existente”; la protección social que queremos (pensiones, desempleo, dependencia y renta mínima garantizada); la calidad de nuestros servicios públicos (sanidad educación y servicios sociales); el imponente “desarme y fraude fiscal” que ha beneficiado a unos pocos: grandes empresas, sector financiero (rescatado con dinero público) y escandalosas fortunas. Finalmente, se debe abrir un debate, incluso, sobre la llamada (sin fortuna) “teoría del decrecimiento”, lo que puede ayudarnos a romper el hábito de vivir sólo para trabajar y consumir mucho y mal, lo que representa la principal causa de nuestra descomunal huella ecológica.

En estos grandes debates públicos las ideas socialdemócratas están muy poco representadas, a pesar de que todo el mundo se pregunta: ¿Qué hacer para recuperar la vigencia de dichas ideas? No es fácil responder a esta pregunta; sin embargo, las palabras “trabajo y compromiso” deben formar parte de la respuesta, lo que facilitaría la necesaria convergencia estratégica entre los partidos socialdemócratas, el conjunto del movimiento sindical y las fuerzas emergentes. Esto será mucho más fácil si el PSOE asume liderar este proyecto ilusionante. Dando por hecho que esto sólo será posible si se abren las puertas de las Casas del Pueblo para que entre aire fresco y se potencie la participación y la democracia interna.

Por último, los resultados de las Primarias han demostrado que existen dos sensibilidades o corrientes de opinión en el seno del PSOE que han aflorado con mucha fuerza en la campaña. Por lo tanto, consumada la práctica desaparición de Izquierda Socialista (IS), hay que reflexionar sobre la conveniencia de que se vuelvan a constituir Corrientes de opinión que representen a las sensibilidades del partido. En todo caso, esto requiere que se acepten previamente, sin ninguna reticencia, los resultados de las Primarias y las resoluciones del Congreso, lo que ayudará a consolidar la maltrecha Unidad del partido; esto será mucho más fácil si se cuenta para este propósito con las personas más capaces, inteligentes y honradas. La búsqueda de la Unidad no sólo debe pretender garantizar la lealtad a los órganos de dirección partidarios; se trata también de unir al PSOE respetando la democracia interna con todas las consecuencias y, por lo tanto, defendiendo los valores y las normas éticas de siempre, además de las resoluciones aprobadas mayoritariamente en los congresos. No debemos olvidar que están en juego muchas cosas, entre ellas que los partidos socialdemócratas de los países más avanzados de la UE recuperen la credibilidad y la confianza de los ciudadanos… y eso también afecta, y de manera destacada, al PSOE.

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POPULISMOS BUENOS Y MALOS

En tiempos de incertidumbre, establecer alguna distinción nítida ofrece más ventajas psicológicas que políticas. Reconforta saberse en el lado bueno de la historia y, sobre todo, tener alguien sobre el que desplegar toda la ira (aunque la designación del destinatario no sea del todo acertada y nosotros mismos tengamos algunos reproches que hacernos a nosotros mismos). Esta función de antagonismo consolador la ejercen contraposiciones del estilo de la casta y la gente, el pueblo y el sistema, la trama y los inocentes, el establishment y la periferia, perdedores y ganadores de la crisis, aparatos y bases. Cada una de ellas aporta un matiz a la descripción del combate, todas tienen sus buenas razones, pero también un elemento de debilidad y paradoja, e incluso pueden representar algún peligro amenazante para esa democracia en la que dicen querer profundizar.

Para apaciguar ese temor hay quien ha recurrido a introducir otra entre buenos y malos populismos (lo cual plantea la paradoja de que ya no estaríamos ante una distinción tan rotunda sino un curioso menage à trois que debería obligarnos a disquisiciones más sutiles, que una campaña electoral por supuesto no permite). Además de los malos per se, habría populismos buenos y populismos malos. No han faltado analistas o miembros de la nueva izquierda populista que han reintroducido de este modo la categoría supuestamente periclitada de derecha e izquierda. ¿En qué quedamos? ¿Se había superado la distinción entre izquierda y derecha o la mantenemos a nuestra disposición para usar de ella cuando nos convenga, como hacían otros con el “uso alternativo del derecho”?

En ciertos países, como Portugal, España o Italia, hay un populismo democratizador y progresista, mientras que en otros, como Francia, Alemania u Holanda, el populismo se ha traducido en un movimiento reaccionario. Si alguien recuerda las coincidencias entre unos y otros, provocaría que los aludidos sacaran a pasear todas sus buenas intenciones, pero el problema persiste una vez terminada la jauría digital. Pensemos en el caso de las actuales elecciones presidenciales francesas. No solo se trata de que entre los votantes de cada candidato quienes más tienen a Le Pen como su segunda mejor opción son aquellos que presuntamente menos se le parecen, los de Mélenchon; tampoco me refiero a las evidentes coincidencias programáticas (salida de la UE, posicionamiento geoestratégico, políticas sociales, soberanía nacional), sino a las similitudes de lógica política: ambos comparten una descripción antagonista del espacio político; para ambos está muy claro quién es el pueblo y quién no lo es. Y esto a mí me preocuparía incluso aunque estuviera inequívocamente del lado de los buenos.

Chantal Mouffe vino en apoyo de Jean-Luc Mélenchon durante la campaña electoral al introducir esa distinción entre el populismo de radicalización democrática y el populismo autoritario en un artículo en Le Monde. He tenido diversas ocasiones la posibilidad de discutir con Mouffe esta distinción porque me parece que no es sensible a su potencial antipluralista, como han señalado, entre otros, Pierre Rosanvallon en su magnífico libro Le peuple intruovable, Gérard Grunberg o, más extensamente, Bernard Manin en sus estudios sobre la democracia representativa. Esta estrategia es un instrumento potencial de exclusión. Quienes la utilizan están continuamente tentados de confundir al adversario político con un enemigo del pueblo. Quien dispone del arma privilegiada que identifica con precisión lo “popular”, administra al mismo tiempo la legitimidad. En la medida en que declara como adversarios del pueblo a quienes no comparten una determinada posición política es muy fácil que acaben pensando que los discrepantes no pertenecen a la comunidad política.

En cambio, el pluralismo (que podríamos adjetivar como liberal, republicano o socialdemócrata) insiste en mantener la distinción categórica entre el desacuerdo político y la no pertenencia a la comunidad. Es un principio democrático fundamental que quien discrepa sigue perteneciendo a los nuestros y tiene los mismos derechos a hacer oír su voz que si formara parte de la mayoría. Hay momentos de decisión en los que se reconfiguran minorías y mayorías, mandatos que no proceden del pueblo soberano sino del modesto recuento de votos que determina quién manda y quién debe obedecer por un tiempo, no quien forma parte o no del pueblo. Lo importante es que esta minoría es excluida de las funciones de gobierno pero no de la pertenencia a la colectividad, al pueblo. Esa posición (haber perdido pero no abandonar la comunidad) se traduce en la posibilidad siempre abierta de, bajo determinadas condiciones, revisar e incluso revocar las decisiones adoptadas, lo que viene acompañado por el derecho de la minoría a dejar de serlo en algún momento y convertirse en mayoría. Para que eso sea una posibilidad real, las minorías actuales deben disponer de los medios de supervisión, control y crítica pero, sobre todo, del derecho de no ser considerados como enemigos exteriores o adversarios del pueblo.

Este es el núcleo del debate que me interesa, de lo que resulta verdaderamente preocupante, más allá de las escaramuzas electorales del momento. Los populistas de izquierdas reiteran sus convicciones pluralistas y debemos aceptar la sinceridad de sus convicciones, lo cual es perfectamente compatible con unos conceptos y unas prácticas que las contradicen. El pluralismo es muy exigente y a ninguna mayoría triunfante le gusta que le pongan dificultades. Conocedores de esa tendencia, deberíamos abstenernos de ciertos modos de argumentar y movilizar que pueden afectar a los derechos de quienes no piensan como nosotros.

Del mismo modo que ciertos elitismos expulsan sistemáticamente del “nosotros” que manda a los que cons¡deran ignorantes o el populismo de derechas tiene un concepto del nosotros nacional que excluye a casi todos los de fuera (y a buena parte de los de dentro), el populismo de izquierdas tiene a su disposición, con los términos que pone en circulación (casta, sistema, trama, élites…), de poderosos instrumentos de exclusión masiva.

Íntimamente unido al problema de excusión que lleva implícito un antagonismo así entendido, están los derivados de su simplicidad: su tendencia a ritualizar y gesticular la oposición; su preferencia por los temas de agenda política en los que las diferencias son más llamativas frente a otros con menores desacuerdos; su propensión a quedar embelesados por una cierta magia de las palabras que suele ir unida a una excesiva confianza en el poder de la escenificación; su preferencia por la rotundidad frente a los matices.

Teniendo en cuenta esta simplicidad conceptual y, sobre todo, la desconfianza que producen hacia dentro y hacia fuera, no es extraño que tengan también enormes dificultades para ponerse pactar con otros. ¿Cómo explicas a los tuyos que has acordado algo con quienes no pertenecen al pueblo y que, sin embargo, necesitas para cambiar las cosas, aunque no en la medida en que desearías? Es la paradoja de quienes desean hacerse cargo de la totalidad: que o la consiguen por procedimientos violentos (lo que no parece ser el caso) o se retiran al rincón de la minoría escogida pero improductiva, que mantiene íntegras las esencias pero no ha cambiado nada de esa realidad que tanto les indignaba.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Su último libro es La democracia en Europa (Galaxia-Gutenberg).

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Debates municipales en LA CHISTERA

Caciques y gurriatos…, o gurriantes (gurriatos veraneantes).
Cuándo mancomunamos?

El objetivo de estos encuentros abiertos es hablar sobre cómo se insertan los municipios y los territorios de su influencia en la globalización. Y en particular cómo pueden hacerlo San Lorenzo de El Escorial y El Escorial como parte de un territorio dominado por una ciudad, Madrid, con vocación de ciudad global.

Partiendo de una análisis histórico de cuándo se disgregan administrativamente los dos pueblos, aproximadamente unos doscientos años, y a la luz de cómo se conforma una nueva realidad de pueblo  falsamente separado en muchas cosas, la cuestión es saber si podemos avanzar hacia una reunificación, qué ventajas supone eso, por qué sería lógico y cómo hacerlo sin herir, sino más bien cuidando, muchas sensibilidades de arraigo e identidad local.

Empezaremos describiendo la nueva sociología de ambos pueblos, no solo la instalada de unos veinte años a esta parte, sino señalando también que parte de esa nueva población es descendiente de veraneantes de toda la vida (gurriantes) y su identificación con el o los pueblos, y con el territorio y su historia.
Valorar la estabilidad de esta población. Por cierto, que tanto desde el punto de vista de la estabilidad propietaria, como si se trata de personas que viven de alquiler, la permeabilidad entre un pueblo y otro es permanente.

Ayuda a ello, además, el compartir muchos servicios: transporte, comercio (y no solo grandes superficies, sino también comercio minorista), educación, deporte, sanidad.

El mundo del trabajo es una nueva realidad, pues el transporte actual facilita que un porcentaje muy alto de los activos trabaje fuera, sin convertirnos por ello en una ciudad dormitorio, sino en algo más complejo.

Hay retos y sinergias que se pueden producir, ayudando a crear economías de escala, o, lo que sería mucho mejor, servicios más amplios.

Por último, se puede organizar  un futuro con un desarrollo urbanístico más racional, rico y cuidadoso con el entorno.

Los retos que se plantean son los siguientes. Un pacto social entre los nuevos y los antiguos vecinos que impulsaría el desarrollo económico. Otro para el desarrollo urbanístico, entre San Lorenzo y El Escorial. Un tercero entre los vecinos “de toda la vida” de ambos pueblos, para conservar sus identidades, tradiciones y valores. Y un último de los partidos políticos, que en una corporación más menguada tendrían menos puestos, sueldos y prevendas a repartir.

 

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La humillación del derecho y la usurpación del dolor,

 

La condena a la tuitera Cassandra, por unos antiguos y desconocidos comentarios sobre el asesinato de Carrero Blanco, nos sitúa de nuevo ante un preocupante incremento de la persecución y castigo penal de opiniones, comentarios o ideas, expresadas a través de los medios de comunicación tradicionales o en las llamadas redes sociales. En este caso, los mensajes, hubieran permanecido prácticamente en el anonimato, si no hubiera sido, según se puede leer en la Sentencia, porque un Servicio de la Guardia Civil, perteneciente a la Jefatura de Información, con la misión de salvaguardar el contenido público de las páginas web, detectaron unos mensajes en los que se hacían comentarios irónicos, sarcásticos e incluso desafortunados o carentes de sentido del humor, en relación con el atentado que sufrió el entonces Presidente del Gobierno de Franco que murió víctima de un atentado de ETA.

El legislador penal, en el año 2000, cuando todavía no se habían producido los atentados del 11-S y del 11-M, se lanzó por una vertiente peligrosa, penalizando la humillación a las víctimas del terrorismo o a sus familiares. Cualquier estudiante de Derecho, aprende en la Facultad que los instrumento sancionadores, deben utilizarse con carácter restrictivo, cuando se decide castigar aquellas conductas que resultan merecedoras de un reproche penal por haber lesionado bienes jurídicos, comúnmente asumidos por el cuerpo social, como sustanciales para la convivencia. Recientemente en el año 2015 ha incrementado las penas, agravándolas cuando la humillación se produce por Internet o servicios de comunicación electrónica.

Nunca se ha discutido la justificación de las sanciones penales para defender bienes jurídicos individuales, como la vida, la libertad, la propiedad e incluso bienes e intereses colectivos, imprescindibles para el funcionamiento armónico de una sociedad, como son las Instituciones del Estado, la Administración de Justicia, o delitos económicos tributarios y medioambientales. La técnica legislativa debe ser rigurosa y proporcionar una cierta seguridad, claridad y certeza, sobre lo que se quiere castigar y sobre la necesidad de su castigo.

El derecho penal de una sociedad democrática debe evitar las conminaciones penales frente a posiciones ideológicas, sentimentales o las meras inmoralidades que, en ningún caso, pueden ser objeto de sanción penal, sin el peligro de caer en la arbitrariedad y la inseguridad, lesionando libertades individuales imprescindibles para el desarrollo del la persona, en el marco de una sociedad democrática.

Nuestro texto constitucional establece que la certeza y legalidad, la jerarquía, la publicidad y la interdicción de la arbitrariedad, son la base de la seguridad jurídica que permiten promover el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad.

En una de las muchas modificaciones de nuestro código Penal de 1995, conocido como código Penal de la democracia, se introducen nuevos tipos penales, entre ellos el que se ha aplicado a Cassandra, dentro del epígrafe dedicado a los delitos de terrorismo, en los que se castiga, la justificación, por cualquier medio de expresión pública o difusión, de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares.

El legislador parece que se encuentra incómodo ante este nuevo delito y tiene que curarse en salud, advirtiendo que no se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, y, menos aún de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementa el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal.

La Sentencia de la Audiencia Nacional es consciente del conflicto que puede suscitar la punición de estos delitos con la libertad de expresión y apoyándose en sentencias genéricas del Tribunal Supremo, sostiene que la libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo hasta conllevar su humillación

Sin embargo, admite dialécticamente que la humillación o menosprecio de las víctimas podría quedar amparada por la figura de las injurias,, pero se adhiere a la tesis del legislador que, sin sólidos argumentos, da un salto en el vacío, e incluye determinadas opiniones como constitutivas de un delito de terrorismo.

Las anomalías interpretativas y la confusión de bienes jurídicos en litigio es evidente si se leen los argumentos de la sentencia. Da por sentado, por pura declaración de voluntad que la persona que enviaba estos comentarios conocía perfectamente que eran delictivos, lo cual no deja de sorprender, porque la intencionalidad o el ánimo delictivo, cuando se trata de delitos de expresión, debe ser tratada e interpretada muy restrictivamente y que, cuando entra en colisión con derechos tan fundamentales y esenciales para una democracia como es la libertad de palabra y de expresión, deben ponderarse los bienes en conflicto y decantarse preferentemente hacia la protección de los valores constitucionales.

Este permanente conflicto entre la libertad de expresión y los delitos de opinión no es exclusivo de nuestro sistema jurídico y ha sido tratado en la mayoría de los sistemas jurídicos de los países democráticos. Como seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, he seguido muy atentamente las sentencias del juez Oliver W Holmes. En una ocasión dijo que con respecto al derecho a la libre expresión es preciso decantarse radicalmente en favor de la libertad, pues a su juicio en democracia el mejor criterio para comprobar la veracidad o falsedad de las ideas y opiniones es su competencia con otras ideas u opiniones en lo que el juez Holmes llamó “el mercado de las ideas”. Sostenía también que estaba firmemente convencido de que el acuerdo o desacuerdo, en relación con el derecho de la mayoría de los ciudadanos a ver sus opiniones liberales amparadas por las leyes, no debía verse afectada por leyes inoportunas o tiránicas.

El delito que han atribuido a la persona que redactó los twitters, utiliza como base de la justificación de su castigo dos conceptos abstractos, moldeables y sometidos al debate y a la discusión, como son el enaltecimiento y la humillación. El enaltecimiento, según el diccionario de María Moliner, consiste en glorificar, alabar o ensalzar o bien hablar de algo o atribuyendo a alguien un mérito o valor. Como sinónimos de enaltecer se encuentra expresiones como honrar, ensalzar, bendecir, elogiar, engrandecer, glorificar o bien preconizar conductas semejantes, todo lo cual está muy lejos de poder derivarse o extraerse del contenido de los tweets.

La tendencia a cercenar la expresión de las ideas es una deriva y una constante en todos los regímenes autoritarios y antidemocráticos que sitúan su ideología y sus valores por encima del ejercicio de las libertades. Podemos poner ejemplos de regímenes autoritarios; el régimen nazi castigaba, fiel a su ideología racista, las conductas dirigidas a perturbar o lesionar “el mantenimiento de la pureza de la sangre alemana”, de modo semejante el régimen perfectamente homologable de nuestra dictadura proclamó la inmutabilidad y la verdad absoluta de los Principios Fundamentales del Movimiento, lo que le llevó a castigar no solamente las conductas encaminadas a negar esta afirmación cuasi teológica, sino también y así se recogió en el Código Penal, las ofensas proferidas contra el Movimiento Nacional o contra quien ostente su máxima Jefatura, y los insultos o especies lanzados contra sus héroes, sus caídos, sus banderas o emblemas.

Introducir en el ámbito del derecho penal el castigo de expresiones o sentimientos de odio o de alabanza, de ira o de venganza, de burla o humillación, nos desliza hacia la posibilidad de utilizar torticeramente el derecho penal para hacer frente a ideas que, por muy aberrantes que se consideren, nunca podrían ser catalogadas como delictivas. En todo caso el ánimo o la intención tienen que estar, expresa y nítidamente contenida en el mensaje y no cabe inducirlo o construirlo con interpretaciones meramente subjetivas, ideológicas, inseguras y proclives a caer en la arbitrariedad.

Un aviso a navegantes, puede llegar el momento en que alguno de los exaltados defensores de sentencias como la que estamos comentando, se conviertan en reos de conductas semejantes. Nos adentramos en un terreno pantanoso en el que alguna vez, a lo mejor, se vean atrapados aquellos que con tanta facilidad e irresponsabilidad como oportunismo político, se dedican a legislar con la idea de que determinadas expresiones se conviertan en figuras delictivas.

Algunos políticos ya se han manifestado de forma nítida con expresiones, inequívocamente humillantes para las familias de las víctimas de la guerra civil. Pero que no se preocupen, por qué ningún defensor de la libertad de expresión, con convicciones democráticas, va a poner en marcha los mecanismos sancionadores, es más, humildemente, por si se ve inmerso en una situación semejante, le ofrezco desinteresadamente mi ayuda y defensa jurídica, si es que la considera conveniente.

En mi opinión sólo se despertará del letargo cuando algunos de los panegiristas exaltados se vean atrapados en su sutil tela de araña y se den cuenta que se han dado un disparo en el pie. Afortunadamente, otras sentencias de la Audiencia Nacional, se pronuncian en un sentido radicalmente contrario, lo que nos abre un espacio de debate y nos debe poner en guardia. Los tribunales encargados de velar por la defensa de los valores constitucionales, tienen el deber de colocar la balanza en su punto justo de equilibrio.

Seguir por este camino solo nos llevaría a la humillación, en el sentido sinónimo de degradación, del derecho y a una oportunista e intolerable apropiación del dolor de unas víctimas, generalizándola a todo el conjunto de personas que han sufrido las consecuencias de los actos terroristas. De manera discriminatoria, se banaliza el dolor que puede sufrir, con igual intensidad, la madre que ha visto cómo toda la familia de su hijo ha muerto víctima de un conductor ebrio que invade la calzada contraria o a las víctimas de la violencia de género o doméstica, que quedan fuera de las preocupaciones del legislador penal. Esta discriminación constituye una clara muestra del oportunismo y del aprovechamiento del impacto evidente sobre la sociedad de los actos terroristas para extender, de manera absolutamente intolerable para Derecho Penal, los efectos sancionadores de conductas de opinión o de expresión.

En todo caso, si siguen empecinados en mantener estas figuras delictivas, reprochándonos a los críticos, una cierta condescendencia con el terrorismo, les pido, por pura coherencia, que incluyan también, como delito, el abandono económico y personal de las víctimas del terrorismo, cuya responsabilidad recae exclusivamente, sobre los dirigentes políticos.

José Antonio Martín Pallín en Caffe Reggio

 

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